Así se gestó el 'pelotazo' de Montecover

El pleno celebrado el pasado 25 de febrero por el Ayuntamiento de Collado Villalba aprobó con los votos a favor del PP, Cambiemos Villalba, Ciudadanos e IU y la abstención del PSOE, que el Ejecutivo local se persone en los tribunales como acusación particular y solicite la reapertura de la investigación abierta por el Juzgado número 2 de esta localidad, en el asunto relacionado con el sobrecoste de la obra del túnel-parking tras su archivo inicial, supuestamente motivado por la incomparecencia de Manos Limpias y el PP villalbino a la hora de ratificar las denuncias presentadas previamente, como acusación particular, sobre presuntas irregularidades cometidas en dicha obra.


Julio Henche Morillas, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, ha sido el promotor de esta iniciativa que justificó en rueda de prensa “en la obligación que tenemos de investigar esta obra para saber que es que lo se esconde tras ella. Todos debemos estar conjurados para limpiar la ciudad de caraduras y sinvergüenzas. Con las fotos que yo he visto del alcalde, José Pablo González y del concejal de Urbanismo, José A. Gómez Sierra en Andorra y en Cancún (se refería a Punta Cana), acompañados por el constructor, no necesita uno ser un Sherlock Holmes para darse cuenta de que iba la cosa”
Investigación sobre Montecover Además del coste de esta obra, adjudicada en 20 millones de euros y cuyo precio final ha superado los 100, uno de los temas que más indignó a los villalbinos, al margen de los modificados y los retrasos habidos en la misma (el plazo pasó de uno a tres años), fue el conocido por ‘Montecover, nombre con el que fue bautizada popularmente la finca Caño de la Fragua, donde fueron depositados durante tres años los escombros procedentes de la excavación del túnel-parking de Honorio Lozano. Sobre este asunto, El Faro del Guadarrama publicó el 1 abril de 2011 un informe realizado por un Ingeniero Técnico, visado por el Colegio Oficial de Topógrafos de Madrid, que ponía en tela de juicio la recepción de esta parcela de propiedad municipal situada junto a la A-6, recepción que se consumó el día 3 de diciembre de 2009 por la Junta de Gobierno villalbino, por entonces presidido por José Pablo González Durán (PSOE). Este mismo documento había sido publicado días antes por el diario ABC bajo el título “El alcalde de Collado Villalba ahorró 600.000 euros a los constructores del túnel”, y en el mismo señalaba que había sido la Concejalía de Urbanismo, cargo desempeñado por entonces por Juan José Morales Dorado [actualmente secretario general de los socialista villalbinos] quien dio el visto bueno a dicha recepción en base a un informe topográfico que no estaba ni visado, ni sellado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Topografía. Por otra parte, El Faro del Guadarrama añadía que el acta de recepción validada por la Concejalía de Urbanismo se basaba, según la documentación oficial, en el siguiente fundamento: “Con fecha 24 de noviembre de 2009 se realiza visita de inspección por parte de los servicios técnicos de Medio Ambiente, acompañados por el arquitecto municipal, Pedro Riveiro, a la finca Caño de la Fragua. Durante la visita de inspección se constata que el volumen total del material almacenado y el aterrazamiento de residuos observado en la anterior visita de inspección (5 de febrero de 2009), ya no existe. Por otro lado también se comprueba que el arbolado está a nivel terreno y a estos efectos se acompaña estudio topográfico realizado por la empresa Concesionaria Villalba (adjudicataria de la obra), realizado antes de la utilización de la parcela (abril de 2006) y en la actualidad (noviembre de 2009), en la que los perfiles longitudinales atestiguan lo observado en la visita de inspección. En función de lo expuesto, se emite informe favorable para la recepción de dichos terrenos. La Junta de Gobierno, por unanimidad acuerda: La recepción por parte del Ayuntamiento de la parcela Caño de la Fragua, km 37.200 de la A-6. Firmado. Juan José Morales Dorado. Concejal de Urbanismo”
Un ‘pelotazo’ de 600.000 euros
Meses más tarde, concretamente en febrero de 2011, aparece un segundo informe, este visado por el Colegio Oficial de Topógrafos de Madrid, en el que entre otras cosas dice: “ Se realiza un comparativo topográfico realizado antes de la desaparición de los acopios que se encontraban en el interior de la finca Caño de la Fragua (abril de 2008) y después de la desaparición de los mismos, en febrero de 2010. En el primer caso se realiza un levantamiento topográfico configurado únicamente por los ‘pies’ o suelo de los acopios que existían, sirviendo ese suelo como referencia de partida para la cubicación de tierras comparándolo con el otro levantamiento realizado en febrero de 2010. La conclusión final es que, visualmente, en el mes de febrero los acopios han desaparecido, realizándose de inmediato una cubicación para cuantificar el movimiento de tierras producido entre ambas fechas. El resultado es un terraplén o rellano de 24.478 metros cúbicos y un desmonte de 7.485. Esto indica -según técnico- que se ha realizado una regulación del relieve en la que si descontamos de los 24.478 metros cúbicos que hay por encima de los pies de acopios y los 7.485 excavados, en el mes de febrero de 2010 existía un total de 16.993 metros cúbicos de tierras, cifra muy superior a la de los pies de acopios existentes en abril de 2008, por lo que cabe deducir que esta finca no llegó nunca a recuperar su estado original, lo que nos lleva a la siguiente conclusión: la tierra compactada hubiera generado 22.012 metros cúbicos de restos que tendrían que haber sido trasladados a un vertedero (el más próximo por entonces era el de Valdemingomez), cuyo transporte hubiera supuesto un conste a la UTE Ortiz-Cover de 666.665 euros. Sin embargo, el hecho de que el Ayuntamiento diese por bueno el informe presentado por la constructora, permitió a la Empresa Concesionaria, por entonces coparticipada al 50 por ciento por Cover y Ortiz, ahorrarse más de cien millones de las antiguas pesetas”.

A dicho beneficio, según este informe, se debe añadir el obtenido previamente por la venta de áridos y tierra generado durante todo este tiempo por la manipulación de los escombros a través de máquinas instaladas en la zona para tal fin, con lo que se volvía a incumplir las condiciones del contrato de ocupación temporal de los terrenos. Tampoco fueron respetados los acuerdo firmados sobre la obligación de reponer a su estado original la finca, de la que misteriosamente habían desaparecido decenas de árboles, muchos de ellos protegidos y, tampoco, el plazo fijado en el contrato de cesión (30 días después de la finalización de las obras, al ser este incumplido en !un año¡, sin que los constructores fueran sancionados”.