El Faro | Viernes 25 de septiembre de 2015
El juzgado número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha dado 30 días de plazo para que la familia de dos republicanos fusilados en la Guerra Civil presente pruebas de que sus restos están enterrados en el Valle de los Caídos para dictar sentencia sobre su exhumación.
Así lo ha confirmado el abogado de la familia que ha presentado la demanda, Eduardo Ranz, que ha indicado que se trata del primer caso de memoria histórica que se ha tramitado por vía civil y que es la primera vez que se cita en sede judicial española a una nieta que reclama los restos de su abuelo.
El caso se inició a raíz de la demanda de Purificación Lapeña Garrido y de su marido, Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón, señalando que en noviembre de 2014 pidieron autorización para recuperar los restos mortales de dos familiares fallecidos, Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, durante la Guerra Civil, fusilados en Catalayud y trasladados al Valle de los Caídos en abril de 1959. El letrado explicó que el Juzgado pide pruebas que demuestren que no hay restos en la fosa común de la citada localidad aragonesa.
En cuanto a la manera en que se procedería a la exhumación, indicó que en el Valle de los Caídos se encuentran unos 33.000 cuerpos ordenados por criptas y que en cada una hay diversos columbarios, con los restos de entre seis y ocho personas. De este modo, aseguró, la hipotética orden afectaría sólo al lugar donde estén esos cuerpos.