Regular la prostitución

Ha producido el parto de los montes y la Comisión Mixta Congreso-Senado para los Derechos de la Mujer ha parido un minúsculo ratón: tras muchos meses de debate sobre el vidrioso asunto de la prostitución, los comisionados han emitido un informe en el que se opta por desechar todos los modelos vigentes de Europa. Con el apoyo del PP, del PSOE y de CiU, se rechaza el modelo sueco, que penaliza al cliente y exonera de toda responsabilidad a quien se ofrece; también el modelo francés, que castiga con severas multas a quien venda sexo en la calle pero no a quien lo reclame; y, por supuesto, al modelo alemán y holandés, que consiste en legalizar la prostitución, sometiéndola a los controles y a la fiscalidad propios de una actividad laboral más.

La vía elegida por los parlamentarios españoles es la de la “sensibilización”, el puro voluntarismo de unas campañas tendentes a la disuasión, al fomento de medidas encaminadas a la paulatina desaparición de la tópicamente llamada “profesión más antigua del mundo”. Tres serían las líneas de actuación fundamentales, según el informe: intensificación de la lucha contra el tráfico de mujeres y el proxenetismo, con la consiguiente defensa activa de los derechos humanos de las víctimas; atención social a quienes se vean afectadas por la trata de blancas y explotación sexual de cualquier género, dotándoles de instrumentos sociales, económicos, culturales y judiciales; y, finalmente, impulso a un cambio radical de la percepción social de la prostitución para reducir su ejercicio.

Semejante actitud, que en realidad es una inhibición de las instituciones frente al problema, se basa en una visión sesgada de la realidad y en un paternalismo dirigista y moralizante que se compadece mal con el laicismo y la neutralidad sistemática de nuestro sistema político social. En efecto, los comisionados creen -y así lo escriben- que, en el fondo, ninguna mujer se prostituye voluntariamente, por lo que siempre es víctima de sus circunstancias aunque no siempre sea consciente de ello. Y a modo de prueba de tan indiscutible apreciación se aporta el dato de que el 90 por ciento de las 500.00 prostitutas que supuestamente hay en España son inmigrantes con grandes problemas socioeconómicos. La evidencia de que la prostitución en el Norte es en mucho menos ejercida por las mujeres pobres del Sur nos permite tan simplificadora generalización.

No deja de ser curioso que las primeras que rechazan esta visión idílica de la condición humana sean las propias prostitutas, cuyos principales colectivos reclaman desde hace mucho tiempo una regulación que les otorgue derechos y deberes, como en cualquier actividad retribuida. Así, el colectivo Hetaira, el más activo y numeroso, ha divulgado un comunicado en el que se exige la legalización de la prostitución y se califica de “vergüenza” un informe que “sólo incluye generalidades, conclusiones ideologizadas, ninguna medida concreta y que se refiere a la prostitución como si sólo fuera un trabajo forzado”, olvidando que la mayoría de las meretrices ejercen la profesión “voluntariamente, pero sin derechos ni seguridad”.

Lo que una sociedad avanzada debe conseguir no es el objetivo puritano de acabar con la prostitución -una actividad, por cierto, en la que cada vez trabajan más varones en los países desarrollados-, sino el de garantizar la voluntariedad de quien se dedica a ella, es decir, la libertad de los seres humanos en el sentido más pleno del concepto. Y ha de proveerse de las normas precisas para que tal libertad, que asegura el derecho a la autodeterminación de las personas, quede plenamente garantizada. Así, y no de otro modo, se colmará el ideal feminista que, seguramente, se ha perseguido, con bien escasa fortuna.

A partir de aquí, el Parlamento ha de cesar en la intervención. Y, desde luego, ha de acostumbrarse a no impartir consignas conductistas y a no recomendar más a los ciudadanos qué deben hacer con sus cuerpos o con sus almas. En democracia, la raya que separa lo público de lo privado es y ha de seguir siendo sagrada.