El salón de plenos de Collado Villalba antes de la celebración de una sesión
El Faro | Viernes 26 de junio de 2015
La décima legislatura democrática, a nivel municipal, empieza a dar sus primeros pasos bajo la presidencia de Mariola Vargas (PP), tras ganar las elecciones celebradas el pasado 24-M (obtuvo 9 actas de concejal), lo que unido a la abstención de Ciudadanos (4 ediles) facilitó su proclamación como primera autoridad local. Vargas tendrá que regir los destinos del Ayuntamiento en minoría, y de su habilidad en la negociación y en los pactos con las otras cuatro fuerzas políticas con representación en el seno corporativo va a depender no sólo su futuro político, sino el de Collado Villalba. Y no lo va a tener fácil, porque tendrá que ‘lidiar’ por un lado con la postura de Ciudadanos y, por el otro, con las exigencias de la izquierda formada por Podemos (Cambiemos Villalba) e Izquierda Unida. En medio se ha quedado el PSOE, como representante del centro-izquierda, con una posición bastante indefinida, sobre todo tras los pactos firmados por Pedro Sánchez con formaciones emergentes de izquierda como Podemos y/o con partidos independentistas, facilitando así la composición de gobiernos antinatura en distintos municipios y regiones de nuestro país. ¿Le restará esto autonomía a Juan José Morales? Al menos le obligará a consultar con Ferraz antes de tomar una decisión.
El Ejecutivo popular aprobó a principios de este año el presupuesto para 2015 por un importe de 52,1 millones de euros, cifra que superaba en casi 3 millones a la del año 2014 (49,5 millones) y en 4 a la de 2013. Recordemos que en 2012 el PP aprobó su primera partida presupuestaria, 49,9 millones, cifra bastante inferior (casi 11 millones) a la de las cuentas del ejercicio anterior, elaboradas por el Gobierno socialista presidido por José Pablo González. Es decir, mientras el PSOE se gastó entre 2007-2011 (su última legislatura), más de 262 millones de euros, los populares cerraron estos cuatro últimos años (2012-2015), con un gasto de poco más de 200 millones -concretamente 199,7-, lo que equivale a un ahorro de más de 62 millones (15 anuales) respecto a las partidas manejadas en el último mandato de José Pablo González.
La austeridad mostrada por el PP en el manejo de las cuentas públicas se ha fundamentado en un control sobre las partidas económicas destinadas a gasto general y, sobre todo, en el recorte del capítulo de gastos relacionados con asesores, vehículos oficiales, conductores, teléfonos móviles, tarjetas de crédito, sueldos de la Corporación municipal, festivales musicales, festejos taurinos, etc., además de poner fin al despilfarro sin control provocado por obras faraónicas y proyectos caprichosos que nunca fueron realizados (plaza de toros cubierta, teatro sin barreras, parque empresarial en Las Maripis...). Es más, en el año 2011 la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento (funcionarios incluidos), superaba las 550 personas. La situación era tan grave que ante el posible colapso de las finanzas municipales, el recién elegido alcalde, Agustín Juárez (PP), en septiembre de 2011 anunció en rueda de prensa la reducción de la plantilla municipal en un 20 por ciento (más de 100 trabajadores) debido a la imposibilidad de poder soportar el gasto de las nóminas. Esta regulación, según el regidor local, supondría un ahorro para las arcas públicas de más de tres millones de euros al año. Al final, las presiones de los sindicatos y del propio Comité de Empresa redujeron el ERE a 34 trabajadores, expediente que fue respaldado por la Comunidad de Madrid y que se consumó en febrero de 2012.
Futuro incierto
Con una situación económica aún débil y con esas dudas políticas que suscita una Corporación municipal fragmentada ideológicamente y con un gobierno en minoría, Mariola Vargas no lo va a tener nada fácil a la hora de abordar sus presuntos cuatro años de mandato, en los que, entre otros retos, debe afrontar la esperada construcción de un teatro en la finca Malvaloca, así como de un nuevo pabellón deportivo (ambos puntos estaban en su programa), además de regular definitivamente el aparcamiento en el centro urbano, manteniendo el sistema gratuito de la ORA (dos horas por vehículo) y el del uso también libre de los aparcamientos subterráneos de Honorio Lozano y Batalla de Bailén, ahora convertidos en estacionamientos para uso exclusivo de aquellos que dejan ahí su automóvil durante días, semanas o meses, como si se tratara de su propio garaje.
También la limpieza en parques, jardines y de la propia vía pública sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes, del mismo modo que es necesario promocionar Collado Villalba Pueblo, potenciando su actividad comercial, y mejorar sustancialmente el aspecto de una ciudad ( que se dice ‘Capital de la Sierra’) con un mobiliario urbano muy deteriorado y llena de pintadas. Es obvio que para poder abordar todo esto, además de buena voluntad, se necesitará dinero y mucho consenso por parte de los responsables de la fuerzas políticas villalbinas.