El Faro | Viernes 17 de abril de 2015
El Ayuntamiento de Torrelodones ha presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción un escrito por si considerara necesario poner en marcha algún tipo de diligencia o investigación en relación a la operación realizada en 2009 en una parcela del Área Homogénea Norte.
Los hechos, explican desde el Ejecutivo, se refieren a la finca registral 2.266, situada en el paraje de Las Rozuelas. El Consistorio solicitó al registro de la propiedad certificación literal con el objeto de actualizar la existente en los archivos y valorar la posibilidad de ampliar el patrimonio municipal de suelo.
En dicha certificación se recoge que la finca es propiedad de Proyectos Inmobiliarios Burke desde 2006. Asimismo se hace referencia a la inscripción de un crédito hipotecario suscrito el 15 de enero de 2009 con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila por un capital de 20,7 millones de euros. En la suscripción de dicho crédito, indican estas mismas fuentes, se dice textualmente que la “finca está tasada para caso de subasta en la cantidad de 20.728.030 euros”.
El crédito hipotecario fue transmitido a la sociedad pública SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) en diciembre de 2012. Se solicitó al arquitecto municipal que realizase una valoración estimativa del suelo, resultando un valor para la finca 2.266 de 504.000 euros, sin incluir la edificación existente, cuyo valor catastral asciende a 56.315 euros. El arquitecto también certificó que la finca siempre ha estado calificada como suelo no urbanizable y que actualmente es suelo no urbanizable especialmente protegido.
Requerimiento al SAREB
Al conocer estos datos se solicitó al SAREB información respecto a la situación de la citada parcela. La sociedad pública comunicó al Ayuntamiento que sólo era titular del crédito hipotecario, pero no de la finca, pese al vencimiento de todos los plazos de pago del capital y los intereses del crédito hace varios años.
Ante la importante diferencia existente entre la valoración realizada por los servicios técnicos municipales y la tasación que permitió a Caja de Ávila conceder el crédito hipotecario en 2009, el concejal de Urbanismo de Torrelodones, Santiago Fernández, en colaboración con la Secretaría municipal y a instancias de la alcaldesa, Elena Biurrun (VxT), ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos por si consideran que deben poner en marcha algún tipo de diligencia o investigación al respecto.