El Faro | Viernes 06 de febrero de 2015
La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso del constructor José Carlos Gómez Paredes al archivo de la denuncia presentada contra el ex editor de El Faro del Guadarrama, Manuel J. Ortega, por lo publicado en este semanario en relación con el Caso Villalba. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, por lo que se da por cerrado este vergonzoso episodio donde han querido ‘matar al mensajero’.
En el auto, fechado el 19 de febrero, los tres magistrados apelan a la libertad de expresión y opinión que ampara las informaciones publicadas en este periódico en relación a la adjudicación de la obra de Honorio Lozano y a la relación de amistad entre el ex alcalde, José Pablo González (PSOE), con el adjudicatario de la obra, José Carlos Gómez (propietario de la empresa Cover), reflejada en fotografías cuando ambos, junto a sus respectivas familias, pasaron unas vacaciones en el hotel Grau Roig de Andorra.
Tras realizar una extensa exposición sobre lo publicado en El Faro del Guadarrama los magistrados indican que no han encontrado ningún hecho constitutivo de infracción penal. En el auto recuerdan que quedan amparadas las libertades de opinión, expresión e información no sólo criticas inofensivas o indiferentes, sino otras que puedan inquietar, molestar o disgustar” en base al pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática.
Cronología de los hechos
En marzo de 2011, José Carlos Gómez Paredes, por entonces propietario de la empresa Cover Collado Inversiones, S.L.U., adjudicataria en UTE con Ortiz Construcciones de la obra del túnel-parking de Honorio Lozano, anunció en rueda de prensa que había presentado en los juzgados villalbinos una querella contra el entonces editor de El Faro del Guadarrama, Manuel J. Ortega Barreiro.
Como recordarán nuestros lectores, la denuncia tiene su origen en el conocido como ‘Caso Villalba’, y se fundamentaba en las informaciones publicadas por el diario ABC y El Faro del Guadarrama a finales del año 2010, concretamente tras la publicación en ambos medios de las fotografías relacionadas con la cena de Nochevieja en un hotel de Andorra, un hecho que desde el primer momento hizo pensar que este asunto acabaría en los tribunales, como así sucedió, sobre todo cuando días más tarde dichos periódicos publicaron otras imágenes donde aparecía el ex concejal de Urbanismo del Gobierno socialista, José Antonio Gómez Sierra, con el propietario de Cover en un hotel en Punta Cana.
Las obras del túnel-parking de Honorio Lozano y Batalla de Bailén fueron adjudicadas por el Ejecutivo socialista a la UTE Cover-Ortiz en 20 millones de euros, si bien su coste acabó situándose por encima de los 40, además del canon anual que ha de pagar el Ayuntamiento. Además se dilató el plazo de ejecución de este proyecto mucho más de lo previsto, sin que el Ejecutivo presidido por José Pablo González pidiese indemnización alguna por dicho retraso.
Siguiendo con la cronología de los hechos, el 28 de enero de 2011 el Ejecutivo rechazó la petición de crear una comisión de investigación que previamente había solicitado el grupo municipal del PP, contando con el apoyo de IU y ADEI, para evitar responder a las 50 preguntas formuladas sobre el ‘Caso Villalba’. El asunto trascendió a los medios nacionales y la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respaldó dicha investigación al afirmar que era necesaria para así poder depurar las responsabilidades que pudieran derivarse.
En mayo de 2011, el PSOE de Collado Villalba, encabezado por José Pablo González, concurrió a los comicios locales recibiendo un tremendo varapalo en las urnas. Su representación corporativa quedó reducida más de un 50% , pasando de 13 a 6 concejales. Las elecciones los ganó el PP con una amplia mayoría absoluta (14 ediles).
En cuanto a la querella interpuesta, cuyo objeto era la persecución penal de las opiniones vertidas por Manuel J. Ortega en nuestro periódico, el auto indica que “los hechos carecen de entidad penal pues se limitó el querellado, en el ejercicio de su profesión y de su libertad de expresión y en el marco del derecho de critica, sin empleo de frases y expresiones ultrajantes, a dar una información sobre un tema de interés público”.
Respecto a la critica vertida sobre la utilidad de la obra, su adjudicación, el sobrecoste y los plazos de ejecución del túnel de Honorio Lozano, los magistrados afirman que “también carece de infracción penal cuestionar la forma en la que la adjudicación de una obra pública se había producido, al indicar quién o quiénes habían sido los adjudicatarios, encuentros habidos entre los constructores y el ex alcalde, exteriorizar las sospechas sobre una posible irregularidad en la misma, o a cuestionar la utilidad de una obra tan costosa para la localidad”.
Con esta sentencia, ante la que no cabe recurso alguno, finaliza una larga tramitación judicial que ha durado cuatro años, amparando el derecho a la libertad de expresión, información y crítica que desde el respeto siempre hemos realizado en El Faro del Guadarrama.