El Faro | Viernes 30 de enero de 2015
Los inmuebles de Guadarrama dispondrán de una nueva ponencia de valores, a la baja, según adelantó la alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino (APPG), tras una pregunta realizada por el concejal de UPyD, Alejandro Roa, durante la sesión plenaria celebrada este lunes, en la que se le pedía información acerca de las novedades en las gestiones realizadas por el Ayuntamiento con la Gerencia de Catastro de Madrid.
La regidora explicó que, aunque aún no ha habido una comunicación oficial escrita, responsables del Catastro de Madrid se pusieron en contacto con la Alcaldía a finales del mes de diciembre para informar de que este organismo comenzaría a trabajar en la elaboración de una nueva ponencia de valores, que consiga adecuar el precio de los inmuebles a la situación actual del valor de los mismos, especialmente tras la crisis.
Una medida para la que se ha pedido la colaboración de la oficina de Catastro Municipal, y que, según los responsables del Catastro General de Madrid, parece que podría ser de aplicación en 2016.
La aprobación de esta nueva ponencia, solicitada de forma unánime en diversas ocasiones por los miembros del pleno del Ayuntamiento de Guadarrama, desde que en 2005 se aplicara la revisión, supondría la bajada en los valores, de forma que éstos se acerquen a los nuevos precios que impone el mercado para los inmuebles de Guadarrama. De hacerse efectiva esta medida, se traduciría en una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que en los últimos años se había venido incrementando sucesivamente.
Declaración de apoyo
Además, durante la sesión plenaria se aprobó por unanimidad la solicitud de adhesión al protocolo con el registrador titular del Registro de la Propiedad de Guadarrama, a efectos de hacer efectivas en formato electrónico las comunicaciones con el mismo.
Igualmente, todos los grupos respaldaron una declaración de apoyo a los trabajadores y proveedores de Supermercados Gigante, manifestando su esperanza en que el conflicto se resuelva a la mayor brevedad y de la mejor forma para los afectados, tanto de la localidad como del resto de municipios de la comarca en los que está implantada esta cadena. Finalmente, se aprobó, con 11 votos a favor y seis abstenciones, una moción presentada por Izquierda Unida en defensa de afectados por hepatitis C y de su derecho a recibir tratamiento en el sistema sanitario público.