La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones y registros en los próximos días
El Faro | Lunes 03 de noviembre de 2014
La noche del miércoles, Agustín Juárez fue puesto en libertad tras dos noches en el calabozo de Tres Cantos, con una fianza de 40.000 euros que deberá ingresar durante los próximos días. Tras negarse a declarar ante el juez Eloy Velasco, éste señala en su auto -emitido sobre las 22.30 horas del miércoles- que “existen evidencias de haber realizado una concertación con la empresa Cofely para adjudicarle un contrato público de eficiencia energética cuyo valor estimado es de 39,4 millones de euros. A cambio de esa adjudicación, los miembros de la Corporación local implicados, recibirían al menos de la multinacional francesa, varios pagos de 70.000 euros. Para la materialización del pago se habría preparado un sistema de facturas falsas entre las empresas de David Marjaliza y Cofely, por servicios no prestados en el marco del contrato de eficiencia energética del municipio, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho y fraude”.
Juárez fue detenido el pasado lunes en la macrorredada de la Operación Púnica con otras 50 personas, que durante más de 60 horas permanecieron en los calabozos de Tres Cantos y Las Rozas a la espera de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Además, el Ayuntamiento de Collado Villalba fue registrado por al menos 12 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) durante cinco horas, llevándose varias cajas con documentación sobre la adjudicación del contrato de eficiencia energética a la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF-Suez.
La supuesta trama corrupta, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos y no la financiación de sus respectivos partidos políticos.
Entre los detenidos se encuentranel presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez; el ex regidor de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE), y los primeros ediles de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA); así como el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; y el presunto cabecilla de la trama Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia entre otros cargos en el Gobierno regional.
Según fuentes de la Audiencia Nacional, la organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como es el de servicios de eficiencia energética, a cambio de supuestamente de cobrar comisiones de hasta el 2 y el 3% de cada contrato.
Las pesquisas acerca de la trama, que giraba en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausana (Suiza) informó a la Fiscalía Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado. Durante este tiempo, la Guardia Civil ha investigado a los detenidos, obteniendo numerosas horas de grabaciones y fotografías de los implicados.