Pablo Bujalance
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Las últimas declaraciones de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, han servido para conferir visibilidad a una situación demasiado habitual en España: para muchas mujeres trabajadoras, quedarse embarazadas constituye un motivo suficiente para quedarse en la calle. De Oriol clamaba contra la “protección de la mujer” que impide “echarla durante los once años siguientes a tener un hijo”, y su recomendación respecto a la contratación de mujeres menores de 25 años o mayores de 45, a su juicio, el mejor modo de burlar esa protección mientras no se pueda recurrir al embarazo como argumento para el despido directo.
Pero convendría recordar que la presidenta se refería en su desafortunada y lamentable intervención a puestos de trabajo de cierta estabilidad, y si para algo ha servido la reforma laboral de Rajoy es para orientar toda una política de recuperación de desempleo (con los resultados que ya sabemos) a partir de la más absoluta precariedad. Y aquí ya sabemos que no hay que dar demasiadas explicaciones.
Hace poco, sin ir más lejos, una mujer de mi entorno recibió una carta de despido pocos días después de que la empresa supiera que estaba embarazada. En la misiva no se le hacía mención a esta situación, claro, pero no hacía falta. En un contrato en prácticas con una nómina mensual de 500 euros, la patada en el trasero siempre es una jugada limpia.
De este modo, Mónica de Oriol clama al cielo por una desprotección mayor de la mujer. Cuando leí sus declaraciones, roto de vergüenza (mientras escribo estas líneas, la señora De Oriol continuaba aún en su puesto), recordé todas las polémicas habidas en torno a la última y fracasada reforma de la Ley del Aborto. A lo mejor conviene recordar que yo soy contrario al aborto, que considero que el embrión es el depositario de derechos y que no puedo concebir la interrupción del embarazo como un método anticonceptivo más; pero creo que de nada sirve criminalizar a la mujer que aborte mientras el poder económico y político se muestra tan abiertamente dispuesto a condenar a su hijo a la marginación y al desamparo antes de que nazca. Cierto, el aborto es un problema de conciencia, pero si Mónica de Oriol asume en sus declaraciones un rango de representatividad, también lo es de orden económico. Y si se quiere una reducción de interrupciones del embarazo, desde mi punto de vista no basta con la vía penal; también hay que actuar contra el capitalismo tan cruel.
Creo que la mejor Ley del Aborto será aquella que garantice al niño un cuidado y un hogar cuando este venga al mundo. Flaco favor hacen a la causa las bestias que solo juzgan a las personas por su precio. Ahí están los últimos datos de Cáritas: Todo por un mundo sin madres.