El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Los inquilinos de las viviendas sociales ubicadas en la zona de Los Valles de Collado Villalba se despertaron el 7 de junio de 2013 con la noticia publicada por el BOCAM, que anunciaba la enajenación de 32 promociones del IVIMA (2.939 viviendas en arrendamiento con opción a compra, de ellas 44 ubicadas en Los Valles), todas ellas pertenecientes hasta entonces al Instituto de la Vivienda de Madrid, tras ser compradas por el grupo inversor Azora-Goldman Sachs por 201 millones de euros.
Estos pisos se construyeron, así lo anunció en su momento la Comunidad de Madrid, con el fin de facilitar el derecho a la vivienda a jóvenes menores de 35 años y familias sin recursos, de ahí que su función inicial fuera totalmente social, estatus que ahora parecen haber perdido tras el cambio de ‘casero’. Tanto es así, que aquellos que tras cumplir el plazo fijado de su contrato de alquiler deseen ejercer el derecho a compra de su piso, deberán pagar, como todo hijo de vecino, el 8% del Impuesto de Transmisiones.
De no hacerlo por carecer de medios económicos, perderán todos los derechos que tienen sobre su vivienda, viéndose obligados a abandonarla vía desahucio. Desaparece pues la posibilidad de la prórroga del contrato de arrendamiento, en contra de lo afirmado en su día por Salvador Victoria, portavoz del Gobierno regional, que en relación a esta operación inmobiliaria, afirmó que “se mantendrían vigentes los derechos de los inquilinos a pesar del cambio de propietario”.
Estas promociones estaban integradas en el denominado Plan Joven de alquiler con derecho a compra que promovió en el año 2005 la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre. Los beneficiarios pagaban un alquiler máximo de 520 euros, precio que estaba por debajo de la media de los alquileres de mercado. Incluso, algunos de ellos, dada su situación económica, se vieron favorecidos por la reducción de sus
alquileres tras perder parcial o totalmente sus ingresos, percibiendo al respecto una ayuda revisable cada dos años que ahora Azora-Goldman Sachs no reconoce.
Incumplimientos y denuncias
La presión contra los vecinos por parte de este grupo inversor ha ido en aumento, tal como manifestado José L. de Roa, presidente de la Asociación de Afectados: “Ya se han producido casos en los que ha vencido la ayuda y, como hemos cambiado de ‘casero’, cuando vamos a negociar con los representantes de Azora nos contestan que ellos no son ninguna ONG”.
De momento, el asunto de los incumplimientos de contrato ya esta en los juzgados, de ahí que el pasado 4 de septiembre la directora general del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Ana Gomendio, acudiese a los juzgados de Plaza de Castilla como imputada por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la venta de dichos pisos. La denuncia había sido presentada por el PSM y la Asociación de Afectados, como acusación particular, además de otros inquilinos de los inmuebles traspasados a este fondo ‘buitre’, controlado por el banco neoyorquino Goldman Sachs. La denuncia se basa fundamentalmente en el incumplimiento de las condiciones, plazos y rentas máximas fijadas en el contrato, y en la no aceptación de las subrogaciones y obligaciones recogidas en los mismos. La actual propietaria, que utiliza como comercializadora
a la mercantil Casa Cibeles, sólo quiere vender estas viviendas al mejor postor.
Miedo al desahucio
Uno de los afectados, vecino de la promoción de Los Valles de Collado Villalba, ha manifestado que “la mayoría de los inquilinos estamos muy preocupados porque somos conscientes de que la negociación va a ser muy complicada por la poca flexibilidad mostrada por esta empresa. A mí me da lo mismo pagar al IVIMA o a quien sea, pero siempre que me garanticen que el piso me va a costar el mismo dinero que me dijeron cuando lo alquilé”.
Más de una decena de familias villalbinas, a las que este año les cumple el contrato de alquiler, perderán sus viviendas caso de no ejercitar la opción a compra a la que tienen derecho.
Así se lo ha hecho saber la propiedad a través de cartas y distintos escritos, en los que incluyen las tasaciones de estos inmuebles por importes que superan a los fijados inicialmente. La propiedad no contempla, al menos de momento, la posibilidad de renovar el periodo de alquiler. “Ellos quieren hacer negocio aunque sea a costa de los pobres”, dice una afectada. “Lo ocurrido la semana pasada con el desahucio de una señora que había tomado una vivienda abandonada por una familia que adeudaba varios meses de alquiler pone de manifiesto hasta donde pueden llegar nuestros ‘caseros’. Había medio centenar de agentes entre Guardia Civil y Policía Local, 10 vehículos estacionados en el entorno de la urbanización desde las seis de la mañana, y todo esto para echar a una pobre okupa. Como dice mi marido: visto el despliegue policial montado, el día que tengan que desalojar a varias familias, y tarde o temprano esto va a ocurrir porque los que aquí vivimos somos pobres de solemnidad, la Delegación del Gobierno nos mandará a la Brunete, con tanques incluidos”, añadía.
La cuenta atrás ha comenzado y si nadie lo remedia a medida que vayan cumpliendo los contratos de alquiler, muchos de los inquilinos de estas viviendas, al no poder afrontar la compra del piso en el que viven desde hace siete años, se tendrán que marchar si no quieren pasar por el duro trance de un desahucio. Esta tragedia social solo la pueden evitar los tribunales de Justicia o la propia Comunidad de Madrid.