El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Pasadas unas semanas desde que comenzó el curso escolar, sindicatos y asociaciones de padres han hecho balance de estos primeros días, concluyendo que ha sido un inicio “caótico”, con menos profesores y más alumnos en las clases, a lo que unen la disminución de las ayudas a las familias o la discriminación de la escuela pública frente a la concertada y la privada. A la hora de analizar esta situación, no podemos olvidar que venimos -y aún estamos- en una situación de crisis, lo que ha obligado a la Administración a realizar numerosos ajustes en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. El problema está cuando se recorta sobre lo ya recortado, encontrándonos con ratios al máximo (y en algunos casos superando incluso esos niveles) en prácticamente todos los centros de la zona Oeste. Esto deriva en clases de 29 ó 30 niños en Infantil, y hasta de 42 ó 44 en Bachillerato, cifras que arrojan un complicado panorama, especialmente cuando la frialdad de las cifras se completa con la realidad de la atención a la diversidad y a los alumnos con necesidades especiales, algo que ha de ser uno de los pilares de la escuela pública. Tampoco es mejor la situación en la Formación Profesional, a la que tanto el Gobierno central como el regional pretendían dar un nuevo y necesario impulso, pero que -por diversas circunstancias- no termina de arrancar como se esperaba. Más allá de debates estériles de corte ideológico, en donde es fácil predecir lo que va a plantear cada uno, conviene hacer una reflexión acerca del presente y el futuro de nuestro sistema educativo. Es obvio -como dejan claro los desoladores resultados de los Informes Pisa- que la educación en España necesita un cambio de rumbo, con la calidad de la enseñanza como guía para que los alumnos terminen sus estudios con una mejor formación y también con más posibilidades de acceder al mercado laboral. Del mismo modo, los años -y los hechos- han demostrado que la inversión no va proporcionalmente ligada a esa calidad de la que hablábamos, pero este inicio de curso en la Comunidad de Madrid también ha puesto de manifiesto que la LOMCE se ha empezado a aplicar de manera precipitada, con importantes desajustes en no pocos centros. Y sobre todo constatando que, en la práctica, la mejora de la calidad no puede pasar por elevar el número de alumnos por clase, eliminar unidades en un goteo constante, reducir las plantillas de profesores o agrupar cursos para determinadas materias. Si hubiera que hacer una evaluación, a estas alturas la nota sólo podría ser una: necesita mejorar.