El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La intención del Partido Popular de reformar la Ley Electoral, en lo que respecta a la elección de alcaldes, ha provocado las críticas de la mayor parte de formaciones, incluyendo al PSOE, que cuando se planteó esta posibilidad hace unos meses sí parecía dispuesto a negociar, pero que ahora ha mostrado su rechazo, tal como señalaban esta semana los representantes socialistas en la zona Noroeste en un comunicado conjunto. Aseguran que se trata de una maniobra oportunista que el PP ha puesto en marcha con el fin de blindar sus alcaldías, además de indicar que la elección directa silenciaría la voz de las minorías. Estamos ante un escenario marcado por la incertidumbre, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy parece decidido a modificar la Ley, pero aún no ha concretado de qué manera, lo que deja en aire la posibilidad de una segunda vuelta o la necesidad que se establezca un porcentaje mínimo que sirva como ‘nota de corte’ a la hora de facilitar que gobierne la lista más votada.
El tono del debate se ha elevado con acusaciones de “pucherazo” o falta de talante democrático, pero ante esta situación quizá lo mejor sea echar un vistazo a lo que en los últimos años ha ocurrido en algunos municipios de nuestro entorno, donde se han formado gobiernos en los que dominado la inestabilidad, con pactos a tres o cuatro bandas, como ha ocurrido en Los Molinos, El Boalo o Galapagar, con el denominador común de encontrarnos con alianzas heterodoxas para superar al Partido Popular, que logró ser la lista más votada, con un apoyo que se situaba alrededor del 40 %. El argumento utilizado para presentar estos pactos es que respondían a la voluntad popular, dado que los vecinos habían expresado en las urnas la necesidad de cambio. Sin embargo, en muchos casos nos hemos encontrados con pactos a espaldas de los ciudadanos, negociaciones poco transparentes, programas de gobierno cerrados a posteriori y, a la postre, ayuntamientos en los que cada uno hace la guerra por su cuenta, hasta que el acuerdo se cae por su propio peso. En ese sentido, cabe preguntarse si no sería más práctico, y también más honesto y cercano a los ciudadanos, sellar alianzas preelectorales y presentarse de forma conjunta, de forma que los vecinos tengan claro cuáles son las opciones reales de gobierno. Así ocurrió por ejemplo en El Escorial en las elecciones de 2003 con la candidatura del Foro Progresista, que acabó resultando la más votada. Llegaron luego las discrepancias, amén de que en ciertos sectores del PSOE no vieron con buenos ojos una coalición que en definitiva suponía renunciar a sus siglas, pero que -independientemente de los resultados- mostraba a priori una mayor claridad que los pactos multipartitos alcanzados tras las elecciones.