El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Tal como publicó este periódico la semana pasada, Izquierda Unida de Moralzarzal presentó el 3 de junio, ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, una denuncia contra el alcalde, los concejales de Medio Ambiente y Hacienda y los dos más altos funcionarios del Ayuntamiento (el secretario general, Santiago Perdices Rivero, y el interventor, Carlos Jaramillo Martín), por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. También el letrado ha pedido en su escrito la comparecencia ante la Fiscalía Anticorrupción de Ignacio Triana Gracia, gerente de la empresa Urbaser. S.A. y firmante del contrato de adjudicación del servicio de limpieza, recogida de basuras, mantenimiento de zonas verdes y Punto Limpio.
El documento que sustenta esta denuncia y al que ha tenido acceso El Faro del Guadarrana dice, entre otras cosas, que “ha quedado probado que el Ayuntamiento, conociendo los errores imputados a un supuesto error aritmético, en el año 2012, cuando ya era público y notorio que se estaban abonando cantidades de más a Urbaser. S.A., no sólo mantuvo este pago, sino que, además, llevó a cabo ampliaciones en la contratación de los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines, de forma directa, sin convocar concurso público y sin que ello estuviera recogido en el pliego inicial de condiciones”.
En el escrito de denuncia también queda reflejado que “en el año 2008 en el expediente de recogida de residuos valorizables (Punto Limpio), Urbaser S.A. introdujo como mejora la disposición de un coche para ‘inspecciones’ en la Concejalía de Medio Ambiente [hecho que en su momento publicó este periódico], información que los denunciantes dicen haber entregado en la Fiscalía. La utilización por parte de la edil de Medio Ambiente de un Jepp Wrangler (4x4) valorado en 31.500 euros, “cuya cesión podría ser lícita -según el letrado de Izquierda Unida-, deja de serlo en el momento en el que no ha sido incluido en el contrato de concesión del citado servicio, ni en el pliego y no existe documentación que acredite su utilización oficial” La denuncia también quiere demostrar que Urbaser “durante ocho años ha cobrado dinero de más por el módulo de personal y horas extras, sin que se haya acreditado nunca al Ayuntamiento si efectivamente ese dinero se lo pagaron a los trabajadores, cuál era su importe y si los salarios son conformes a los reflejados en los pliegos”.
Indicios y responsabilidades
Pero este documento, además de las posibles responsabilidades políticas, también deja en evidencia otras meramente administrativas, de ahí que la parte denunciante haya pedido la comparecencia, entre otros, del secretario y del interventor municipal. Y así lo entiende el letrado de IU cuando pide que se abra un expediente de investigación por si se hubieran cometido delitos por el incumplimiento de los pliegos o por hacer una novación subjetiva sin cumplir los requisitos; por los bienes públicos que constan como mejoras y que fueron utilizados a título personal; por las adjudicaciones y modificaciones sin control de contratos a Urbaser; por la dilación injustificada en la instrucción y resolución del expediente de ‘error material’; por el pago a la mercantil de las cantidades mal calculadas; por la no ejecución del acto administrativo sin que este se encuentre en suspenso y por resolver que únicamente se devuelvan cuatro años del cobro indebido [postura defendida por el secretario municipal, Santiago Perdices Rivero y Urbaser, en contra de los dictámenes emitidos por el interventor municipal, Carlos Jaramillo, y por el asesor jurídico externo contratado por el Ayuntamiento. Todos estos documentos ya están en poder tanto de la Fiscalía como de la Sala de lo Contencioso Administrativo], cuando por ley podría solicitarse el total de lo adeudado por la empresa adjudicataria a la tesorería local”.
El Consistorio reclamó la deuda
El Ejecutivo que preside José María Moreno tras conocer, a través de la intervención municipal, los cobros que indebidamente había facturado la empresa Urbaser, comunicó que procedería de inmediato a descontar de las facturaciones emitidas mensualmente por esta mercantil por los trabajos de limpieza y recogida de basuras las cantidades indebidamente cobradas entre los años 2006 y 2012, hasta saldar el total de la deuda generada.
Para impedir que el Ayuntamiento pudiera conseguir dicho reintegro, la adjudicataria depositó de inmediato en el juzgado un aval por el importe total de la cantidad reclamada, presentando además un recurso vía Contencioso Administrativo contra dicha reclamación, recurso que aún está pendiente de resolución, lo que facilita la paralización del reintegro de casi un millón de euros que según el Ayuntamiento ha cobrado indebidamente la todavía empresa adjudicataria del servicio público de limpieza viaria, mantenimiento de jardines, recogida de residuos y del Punto Limpio.
Un Punto Limpio que ‘no huele bien’
Se dice que las relaciones entre Ayuntamiento de Moralzarzal y Urbaser, empresa adjudicataria del servicio de limpieza urbana, mantenimiento de jardines y del Punto Limpio, no atraviesan por su mejor momento. Pero aún pueden empeorar tras hacerse público el presunto enganche irregular realizado en una farola de alumbrado público ubicada en el Punto Limpio de la calle Guadarrama, que ha permitido el consumo gratuito de energía eléctrica durante años al ser el Ayuntamiento quien ha pagado dicho gasto. Según ha podido saber este periódico, cuando el alcalde tuvo conocimiento de esta irregularidad, pidió explicaciones al respecto. La respuesta vino a través de un informe firmado por el secretario municipal, Santiago Perdices Rivero (documento que ya ha solicitado IU), donde al parecer este funcionario dice que el ‘pinchazo’ lo han realizado los empleados municipales y , por lo tanto, el importe de la luz ‘consumida’ durante estos años por Urbaser no debe ser reintegrado a las arcas municipales.
Conviene recordar que también fue Perdices Rivero quien, en otro informe, en esa ocasión relacionado con los cobros realizados indebidamente por Urbaser (contrata de limpieza), certificó que solo se podrían reclamar las cantidades correspondientes a los cuatro últimos años “por haber prescrito los ejercicios anteriores”. Este informe le pudo suponer a las arcas municipales un coste de más de medio millón de euros.