“Hemos denunciado en la Fiscalía las irregularidades urbanísticas”

Los siempre complejos temas relacionados con el urbanismo, al menos desde hace unos meses, han empezado a salpicar a las formaciones políticas representadas en el seno corporativo del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda, Mataelpino, que por segunda legislatura consecutiva preside la popular Carmen Díaz Carralón, en coalición con dos grupos independientes.

Manuel Martín Carralón, portavoz del grupo municipal del Partido Socialista y candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones, ha denunciado las irregularidades urbanísticas que a su juicio viene consintiendo el Ejecutivo en aquellos temas relacionados con el urbanismo. “Llevamos casi dos años oyendo que si hay tratos de favor a algunos constructores, que si se pagan comisiones hasta por conseguir licencias urbanísticas, que si esto, que si lo otro... y así se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a la alcaldesa, y ella nos contesta que son acusaciones infundadas, críticas de pueblo... Es más, en una ocasión le llegué a decir que a ella también le implicaban y me contestó: a mí algunas veces también me hablan de ti”.

Martín hace estas declaraciones en presencia de Fernando Cifuentes, secretario de Organización del PSOE en este municipio, quien no sólo corrobora las palabras del portavoz socialista, sino que además añade: “Aunque nosotros no contamos con muchos medios, poco a poco hemos ido recopilando distintos documentos, versiones facilitadas por afectados e implicados, hasta completar el dossier que presentamos a finales de año en la Fiscalía Anticorrupción para que fuese ésta la que continuase con las investigaciones. El teniente fiscal nos contestó el pasado 9 de enero, comunicándonos que de conformidad a la Ley 10/95 y la instrucción 4/06 del Fiscal General del Estado, los hechos denunciados han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y ahí está el tema ”.

Comisión de Investigación
“Antes de acudir a la vía judicial”, puntualiza Manuel Martín, “le enviamos un escrito a la alcaldesa, registrado el día 18 de noviembre de 2006, donde le exponíamos lo siguiente: ante la ola de corrupción generalizada y dado que cada vez cobran más fuerza los rumores sobre la existencia de presuntos cobros ilegales en materia de urbanismo en este Ayuntamiento y que dichos rumores señalan directamente a la alcaldesa y a sus concejales, el grupo municipal socialista exige que se forme una comisión de investigación que averigüe la veracidad de estas acusaciones y depure las responsabilidades a que hubiese lugar. Bien, tres meses después aún estamos esperando la respuesta”.

El portavoz socialista se queja de la prepotencia de la regidora y de la ausencia de diálogo con la oposición.” Cuando hay que votar, pasa el rodillo y punto”. Además, prosigue, “nos está dejando sin patrimonio y prueba de ello es que casi el 55 por ciento de los 11 millones de presupuesto que tiene nuestro Consistorio procede de la venta de terrenos municipales. Aún así, este Ayuntamiento, que cuenta ya con un censo de 6.000 habitantes, sólo tiene dos agentes de Polícia y un coche de primeros auxilios”
Un sector polémico
Martín Carralón retoma el tema urbanístico para denunciar lo que está sucediendo en el sector 6-B, donde “están construyendo un gran número de chalés cuya venta, curiosamente, le ha sido adjudicada al marido de nuestra alcaldesa. Pues bien, los promotores de esta urbanización, en vez de llevar los escombros al vertedero de Valdemingómez, los tiran en un terreno que les ha facilitado el Ayuntamiento sin que a nuestro grupo le conste que exista autorización oficial al respecto. Los cascotes, arbustos, piedras, etc. son enterrados bajo una capa de tierra vegetal para que no llamen mucho la atención, pero el daño al medio ambiente ya se lo pueden imaginar. Pues bien, este trato de favor por parte del Ejecutivo puede suponer para la constructora un beneficio de alrededor de 90 millones de las antiguas pesetas. Pero los despropósitos no terminan ahí, y así hay un constructor muy conocido en el pueblo que sin permiso del del Ayuntamiento ordenó derribar una casa catalogada o protegida, sin que a día de hoy, al menos que yo sepa, le hayan abierto el correspondiente expediente sancionador”.