M. Molares
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Un juez de Barcelona, Juan Emilio Vilá, ha imputado al director de un periódico de Madrid por publicar los nombres y las fotocopias de los DNI de 22 de los 30 jueces que se adhirieron a la exigencia de celebrar el referéndum ilegal para la independencia catalana.
Treinta servidores del Estado obligados a respetar la Constitución se han unido para traicionarla y desmantelarla. El poder de un juez español es temible. El Estado ha confiado en él de manera que puede enviar a prisión a cualquier ciudadano con una firma y sin mayores razonamientos, con excepción de los aforados, unos 10.000 políticos y altos funcionarios, entre ellos otros jueces.
El aforamiento existe en España, precisamente, para evitar que cualquier juez se salga de sus funciones y envíe a altos mandatarios a la cárcel por capricho o indicios delictivos, sin seguir los procedimientos. En otros países hay menos aforados porque sus Constituciones les conceden menor poder a los jueces. Hasta el poderoso ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, fue a prisión por capricho de un juez aspirante a estrella, Elpidio Silva, que aplicó irregularmente su potestad, por lo que ahora está procesado.
Quizás Blesa acabe en la cárcel, pero debería ser por el procedimiento debido. Cualquier juez puede meternos porque sí en prisión, y si somos gente anónima y no ricos y poderosos, como Blesa, nos pasaremos meses encerrados por robarle la novia a uno de ellos, como le ocurrió al 'donjuán' de un pueblo mediterráneo.
Esa inmensa autoridad debe tener un freno. Y si los jueces abusan de ella deben ser denunciados públicamente ante el pueblo.