El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El lunes se celebró en Alpedrete, a propuesta de cinco de los 17 ediles de la Corporación (los dos de Izquierda Unida - Los Verdes, dos de los tres del PSOE y el edil no adscrito), un pleno extraordinario con dos puntos en el orden del día: la retirada del Plan General de Ordenación Urbana y la convocatoria de una consulta popular sobre el mismo, iniciativa que también respaldan Alpedrete Sostenible y la Asamblea del Pueblo de Alpedrete.
El portavoz de IU, Francisco Javier García Centeno, reiteró la “urgencia de retirar este plan del caciquismo y la especulación, por chapucero, inviable, innecesario y por responder a intereses personales de algunas familias y constructores”. Además, dijo, “se ha evidenciado la paradoja de que se quieran construir más viviendas teniendo Alpedrete 1.000 casas vacías”.
Además, la coalición mantiene que las viviendas de protección se podrían haber hecho ya sin necesidad de contar con un PGOU, al igual que cambiar la calificación del polígono industrial a comercial.
“Lo sorprendente no ha sido el voto negativo de los concejales del PP a la retirada del Plan General”, señalan desde Izquierda Unida, “sino sus extraños aliados para tumbar la propuesta: UNPA, que una vez más se ha abstenido e incluso ha pedido la retirada del punto del orden del día, y la desgraciadamente ya habitual actuación de la secretaria general del PSOE de Alpedrete, Marta Díaz, uniendo su voto al del PP”.
En cuanto al rechazo a la convocatoria de una consulta ciudadana de carácter vinculante, Izquierda Unida ha denunciado la “falta de calidad democrática en Alpedrete”.
García Centeno mostró la voluntad de la coalición de “luchar hasta las últimas consecuencias contra este plan”, anunciando que para la organización a nivel regional “el PGOU de Alpedrete es prioritario, y más allá de la proposición no de ley que presentó en la Asamblea de Madrid la diputada Carmen Villares, exigirá la comparecencia de los consejeros responsables de este atropello medioambiental, económico y democrático”. En este caso, se produjo un empate entre los ocho ediles de la oposición y los ocho del Ejecutivo (el portavoz del grupo popular se tiene que inhibir en las votaciones relacionadas con el PGOU), por lo que decidió el voto de calidad de la alcaldesa, Marisol Casado.