El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Tremendo error el del Gobierno andaluz con su peligrosa y perjudicial decisión de no cumplir con rigor su función sobre adjudicación de viviendas protegidas de titularidad pública con el precedente del realojo de 22 familias que desde hacía casi dos años ocupaban de manera ilegal un municipio, medida que va en contra del cumplimiento de la legalidad y la igualdad de oportunidades. Si rompemos el principio de igualdad en la demanda de viviendas sociales en el conjunto del Estado, como en Andalucía, contribuiremos aún más a la desigualdad social de una ciudadanía cansada de sentir en su propia piel cómo el libertinaje de unos pocos aplasta la libertad de la inmensa mayoría de los ciudadanos/as. No quiero pensar qué sucedería en nuestra Comunidad si el presidente, Ignacio González, se hubiera atrevido a realojar a algunas familias por decreto, como ha hecho el Ejecutivo andaluz (PSOE-IU).
SERGIO ALCANTARA
Torrelodones