El próximo miércoles 7 de febrero se cumple un año de la inauguración oficial de los nuevos campos de fútbol de Collado Villalba, a cargo de Jaime Lissaveztky. Ese día, el secretario de Estado y el alcalde, José Pablo González, centraron sus discursos en la futura Ciudad Deportiva y sus comentarios pasaron de puntillas sobre la obra inaugurada. La ceremonia tuvo lugar casi cuatro meses después del 18 de octubre de 2005, fecha para la que el Ayuntamiento y el CUC Villalba habían preparado una inauguración con la presencia del Atlético de Madrid B y un desfile de más de 500 niños de las escuelas de fútbol locales. No pudo ser entonces debido a que la empresa adjudicataria de las obras no había finalizado en plazo el nuevo vestuario para árbitros, un modificado de 200.000 euros sobre el proyecto inicial producto de la mala ubicación de los originales (ver cuadro anexo). Esas rectificaciones han sido una constante desde que el Ejecutivo local decidió en 1999 enterrar un anterior plan de remodelación del PP en la legislatura 1995-99, que estaba redactado, pendiente de salida a concurso e incluido en el Plan PRISMA. La construcción de los actuales campos, acometidos inicialmente en tierra, topó con problemas técnicos de tal calibre que en 2001 se tuvo que levantar uno de los campos por fallos en la red de agua y en el drenaje. Como resultado, la obra se entregó con cuatro meses de retraso.
Inversión muy elevada
El cúmulo de todo ello disparó la inversión global por encima del doble de lo presupuestado. Según cifras de la oposición, el montante de lo invertido en siete años podría aproximarse a los cinco millones de euros, aunque la cantidad exacta nadie la tiene. Sólo las intervenciones de la brigada, mano de obra municipal, para subsanar deficiencias han sido innumerables, y existen además modificados de obra cuyas cifras se desconocen, sobre todo dos, relativas al ajardinamiento y a la instalación de las torretas de luz. El dato fiable viene de la mano de los dos proyectos ejecutados, el primitivo de los campos de tierra y el de los de césped artificial, más el resto de pistas polideportivas. Aquí, las cifras oficiales hablan de más de 3.600.000 euros, unos 600 millones de pesetas, después de sumar complementos como el nuevo vestuario citado o la ampliación de la grada.
Aniversario con deficiencias
Un año después de la visita del secretario de Estado, las instalaciones mantienen sus viejos defectos: no hay marcador, la grada es pequeña e inhóspita, los vestuarios son tan pequeños que no admiten la entrada de una camilla sanitaria en caso de emergencia -como cuando el jugador del CUC Villalba Ángel Díaz sufrió una conmoción cerebral y su evacuación a un centro hospitalario se demoró a causa de ello-, y tampoco hay cabinas hábiles ni sala de prensa. Lo último en sumarse a la lista es el deterioro de la nueva caseta arbitral, cuyos azulejos se caen por defecto en su pegado causando alguna que otra lesión leve en los usuarios. Una colección de deficiencias casi nunca asumidas por los responsables.
Las lluvias de 2001 obligaron a levantar el campo 1 por falta de drenaje
La historia de las deficiencias en los nuevos campos se remonta al año 2000, cuando el Ejecutivo local (PSOE-IU), comienza a acometer las obras sobre un proyecto que, previo modificado por un importe de varios millones de pesetas, anulaba al diseñado por el gobierno popular en la legislatura 1995-99. Entre diciembre de 2000 y enero de 2001, las lluvias anegan las nuevas instalaciones y, pese a que el entonces concejal de Deportes, Fernando Ortega, afirma que “no hay daños estructurales”, la empresa Joca SA anuncia meses después que es preciso levantar el campo 1, justo en la zona a la que no llegaba el drenaje del antiguo campo. La estrechez de un viejo colector favorece la inundación y obliga a repasar toda la red de aguas. La empresa termina entregando la obra el 2 de abril de 2001, cuando el plazo original expiraba en octubre de 2000, y lo hace sin acabar el ajardinamiento, el cerramiento y el remate de los vestuarios. La oposición del PP denunció la no adopción de medidas legales contra la empresa por superar el plazo.