Paola F. López | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Partido Independiente de Valdemorillo (PIVALDE), liderado por la concejala Carmen Villanueva, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Lorenzo de El Escorial contra la alcaldesa de la localidad, Pilar López Partida (PP), por la adjudicación y construcción de la plaza de toros y su cubierta a la empresa Edisan.
Villanueva, junto con los compañeros de este nuevo grupo político, ha estudiado y recopilado numerosa documentación que ya obra en poder del titular del juzgado desde el pasado 26 de enero.
La denuncia se refiere a las presuntas irregularidades cometidas a lo largo de la adjudicación para construir la plaza de toros; los incumplimientos consentidos a la empresa adjudicataria, la ampliación del plazo de explotación; y la reciente construcción de la cubierta. Como consecuencia, la concejala denunciante solicita en su escrito que se contemplen hasta cinco posibles delitos imputables a la regidora, reclamando igualmente que el caso se ponga en conocimiento de la Fiscalía especializada en Delitos Urbanísticos.
En primer lugar se hace referencia a un supuesto delito contra la ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, relativo al cambio de uso en el suelo donde se ubica la plaza. Este terreno, explica PIVALDE, está calificado como deportivo, y para ubicar en él la plaza se trasladó la zona deportiva a la dehesa municipal, a las afueras de la localidad, “cuando ésta no puede ubicarse más allá de 200 metros del casco urbano”, asegura Villanueva. Sin embargo, la alcaldesa asegura que la citada modificación del uso estaba contemplada en las Normas Subsidiarias.
En la denuncia también se solicita que se investigue si se ha cometido un delito de prevaricación, al haberse apoyado el aumento en el plazo de la concesión a Edisan, pese que ello, indica Villanueva, no era posible según el convenio inicialmente aprobado. Respecto al presunto delito de cohecho, la misma edil señala que la alcaldesa no exigió el cumplimiento del primer acuerdo establecido con la empresa, en el que se contemplaba la construcción de la cubierta por un precio muy inferior al posteriormente aprobado. Según PIValde, López Partida también ha podido incurrir en un delito de tráfico de influencias, por rebajar el grado de exigencia de categoría para la obra de cerramiento, “para que pudiera así concursar” la empresa que finalmente resultó adjudicataria de los trabajos. Además, añade este grupo, se aumenta el precio inicial del proyecto, “algo que no puede hacerse si se rebaja la categoría”.
Por último, la denuncia incluye una acusación por una presunta malversación de fondos. Sobre esta acusación, Villanueva recuerda que los terrenos sobre los que se levanta la plaza “fueron valorados por debajo de su precio real”. Con este mismo tipo de irregularidad relaciona también Villanueva el destino de fondos que debería haber ingresado el Ayuntamiento, pero que se compensaron con obras en la urbanización El Mirador del Romero. Este caso, explica la edil de la oposición, supone una compensación a una entidad privada, cuando la obligación debía cumplirse con el Consistorio.
Sin estudios de seguridad
Al margen de estas presuntas irregularidades, Villanueva asegura que la última obra de cerramiento en la plaza cuenta con una importante deficiencia, que podría suponer su cierre cautelar por un riesgo de seguridad pública. Tal y como se pone de manifiesto en la propia denuncia, tanto Carmen Villanueva como el servicio de Inspección Urbanística de la Comunidad de Madrid han solicitado al Ayuntamiento los estudios básico y de ejecución debidamente visados, así como los estudios previos estructurales de seguridad. Finalmente, recuerda la edil, el Colegio de Arquitectos ha confirmado que no tienen constancia de tales proyectos para su visado.
La denuncia explica que se ha insistido “a la alcaldesa y a los servicios técnicos sobre la falta de estos documentos, imprescindibles para llevar a cabo la obra, haciendo caso omiso de ello. Y lo que es peor, no paralizando los trabajos, permitiendo por tanto que continúen a pesar de tratarse de un requisito imprescindible y necesario para comprobar, no sólo la legalidad, sino la propia seguridad, pues se trata de la cubierta de una plaza de toros que albergará alrededor de 5.000 personas”.