El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El rigor es algo fundamental a la hora de sostener cualquier denuncia, y ese es precisamente el elemento que ha fallado en las críticas que distintos colectivos y formaciones políticas están realizando desde hace meses al proyecto para construir 36 viviendas de protección en parte de la parcela que ocupaba el desaparecido colegio de las Carmelitas. Se ha llegado a decir que esta zona está a 10 metros del Monasterio, algo que es radicalmente falso; tampoco 20; ni siquiera 100. En todo caso, esa ridícula guerra de cifras es lo de menos, porque estamos hablando de una zona urbana consolidada desde hace años, con numerosos bloques de pisos que en muchos casos tienen más altura de la que tendría esta promoción si finalmente se pone en marcha. No estamos hablando de centenares de casas, tampoco de crecimiento en altura, ni de una promoción de vivienda social y otra de precio libre. Se trata de un proyecto en la que es, tal como señala la Plataforma Ciudadana Escurialense, así como otros colectivos, “una de las mejoras zonas de San Lorenzo”, lo que no debería significar de ningún modo que sea propiedad exclusiva de unos pocos. Con la actual y también con anteriores corporaciones, uno de los grandes logros de la vivienda social en este municipio serrano es que, al contrario de lo que ha sucedido en otras localidades, estas promociones se han integrado perfectamente en el entramado urbano, ya sea en la zona de Unamuno (más concretamente en la calle Fray Luis de León), en el Zaburdón o en Juan de Toledo, evitando la creación de unas divisiones de carácter social que, a estas alturas, deberían estar más que superadas. Por eso sorprende la frontal oposición con que se ha encontrado esta operación, hasta tal punto que por momentos da la sensación de que, más allá de cuestiones urbanísticas, de fondo aparece la sombra del rechazo a que en esta privilegiada zona se puedan construir viviendas protegidas.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimando el recurso presentado contra este proyecto viene a refrendar la actuación del Ayuntamiento, pero además lo hace con un severo repaso, punto por punto, a los distintos argumentos esgrimidos, desde las cuestiones de índole normativa a las que tienen que ver con un supuesto “impacto visual” que, cualquiera que conozca esta zona de San Lorenzo de El Escorial, sabe que está muy lejos de ser cierto.