El Equipo de Gobierno pide que se investiguen distintas adjudicaciones de obras públicas y servicios, depurando las responsabilidades que se pudieran derivar
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Casi tres años después de acceder al Gobierno municipal, el actual Equipo de Gobierno de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si se cometieron irregularidades durante el mandato de la anterior Corporación, especialmente entre los ejercicios 2006 y 2011. El Ejecutivo, encabezado por Javier de los Nietos (PSOE), se refiere a “presuntas irregularidades en las contrataciones y prestaciones de obras y servicios municipales”.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno Local encargó una auditoría para verificar si los actos y operaciones de la gestión económica y financiera del Ayuntamiento se desarrollaron conforme a las normas. En el pleno celebrado el pasado miércoles se dio cuenta del trabajo realizado por ATD Auditores Sector Público S.L., que ha presentado un informe que, según indican desde el Ejecutivo, pone de manifiesto “que pudieran existir indicios de adjudicaciones de numerosas obras públicas dadas a dedo, destacando además la desaparición de la totalidad de los expedientes de contratación y cualquier documento relacionado con los mismos de los archivos municipales”.
Concluye el informe del auditor que esas presuntas irregularidades podrían ser constitutivas de delito en forma de prevaricación, conflicto de intereses, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad de documentos públicos e infidelidad en la custodia de documentos.
Por ese motivo, el Equipo de Gobierno decidió denunciar el pasado viernes los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, pidiendo que incoe oportunas diligencias para la investigación y esclarecimiento de los hechos, la determinación de su naturaleza presuntamente delictiva y la depuración de las responsabilidades que se pudieran derivar.
En la denuncia, firmada por el propio regidor, se hace referencia a la “más que fundada sospecha de que tal documentación ha sido hecha desaparecer antes del encargo o inicio de la auditoría, probablemente durante el anterior mandato”.
Además, los autores del informe consideran que los posibles delitos analizados “no han prescrito, al ser su plazo de prescripción entre 10 y 15 años”.
En cuanto a la presentación de esta denuncia, el Ejecutivo mantiene que, dado que estos hechos tienen que ver con la gestión de los gobiernos de anteriores legislaturas, es “más prudente e imparcial, para que no se considere una acción politizada, que sea el fiscal anticorrupción y no una querella de parte, quien, sobre el objetivo estudio de unos profesionales de auditoría, lleve a cabo la investigación exhaustiva previa para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades, sin perjuicio de que en su momento el Ayuntamiento pueda y deba personarse en las actuaciones que se incoaran en fase judicial”.