José A. Gutierrez
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Cuando un fontanero, electricista, carpintero o técnico llega a nuestra vivienda, tras dejar en la mesa de la cocina el maletín de las herramientas, aún si abrirlo, lo primero que pregunta es: ¿quién va a correr con el gasto del trabajo? Para, a continuación, inquirir si el pago se va a hacer con IVA o sin IVA. La respuesta, se la pueden ustedes imaginar: casi siempre ‘sin IVA’.
La economía sumergida, en nuestro país, según los técnicos de Hacienda (Gestha), asciende a 253.000 millones de euros que se escapan cada año al control oficial del fisco. De ello el Estado deja de ingresar 80.000 ó 90.000 millones. Dicho en román paladino: a Hacienda se le escapa uno de cada cuatro euros.
En nuestro país está instalada una especie de ‘cultura del fraude’ que es lo que explica cierta permisividad social con la economía sumergida. Sin embargo, llama mucho la atención que el montante de esa economía oculta haya rebrotado en los años de la crisis hasta alcanzar el 24,60% del producto interior bruto.
Dicen los expertos que la subida del 20% se debe principalmente a la presión fiscal, a la picaresca de la contratación a tiempo parcial y, sobre todo, al paro. En este sentido, la economía sumergida crea cientos de miles de empleos que, en medio de la crisis, esquivan el hambre a muchas familias y evita que se produzca un estallido social. Es su lado positivo.
Aunque semejante fraude también se explica “como una reacción de los ciudadanos a la corrupción y la administración hipertrofiada que existe en nuestro país. Al propio tiempo que otros muchos españoles se preguntan: ¿Por qué no se reforman las administraciones y se eliminan asesores, cargos públicos, coches oficiales, etc, que evitarían muchos impuestos? Asimismo, es la justificación que otros ciudadanos encuentran para funcionar con dinero negro.
La economía sumergida es una asignatura pendiente de todos aquellos gobiernos que llegan siempre con grandes propósitos de combatirla y se ven con ridículos resultados. Con frecuencia buscan el fraude entre asalariados por cuenta propia, profesionales, liberales, incluso pensionistas, en vez de perseguir las grandes bolsas del fraude.
Por eso, además de anuncios de “bajadas sucesivas de impuestos a partir del año 2015”, como acaba de manifestar el presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados, nuestro país necesita un sistema fiscal que cumpla con los principios de progresividad, generalidad e igualdad; y precisa también, en palabras del secretario general de Gestha, “medidas relativas a los vehículos de evasión fiscal que vienen utilizando las grandes empresas y fortunas españolas como las Sicav”.
En todo esto el Gobierno tiene materia para penar y decidir, no sea que lo recaudado por el ahogo de los contribuyentes de nómina se pierda al minuto siguiente con los que consiguen escapar del lazo. Y una reflexión complementaria: cuidado con el uso demagógico de la economía sumergida. Nunca será peor que la ingeniería financiera y fiscal de las grandes fortunas y colectividades para eludir impuestos. Nunca será peor que las bolsas de fraude de las capas altas, que, por cierto, nunca nadie ha cuantificado.
En fin, me temo que al final Hacieda seguiremos siendo los de siempre.