Jaque a los ayuntamientos

Hace varias semanas el Gobierno de Rajoy aprobaba el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una grave injerencia en el principio consolidado de la autonomía local, un atentado a la democracia y a una trayectoria competencial municipalista de muchos años, una desnaturalización del papel fundamental de los ayuntamientos como institución más próxima a la ciudadanía, que tendrá como principales damnificados a los ciudadanos de una coyuntura de severa emergencia social.

La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985 diseñó un modelo competencial generado de disfuncionalidades entre varias administraciones, duplicidades en las prestaciones de servicios y en la asunción municipal de competencias, sin los recursos adecuados para ello, pero esto no es un problema exclusivo de las administraciones locales. Las entidades municipales son las que mayor esfuerzo están llevado a cabo como consecuencia de los duros objetivos impuestos por el Gobierno Central, aunque tal y como ha reconocido el propio ministro de Hacienda, estos no sean los que están desequilibrando el déficit del Estado.

Mientras que desde la UE se pronuncian sobre estructuras multinivel, que comprendan acciones administrativas europeas, procedimientos integrados y complejos de decisión, el Gobierno del PP continua empeñado en sacar adelante una reforma que atribuye competencias a unas administraciones desde criterios de supuesto rendimiento y eficacia, dando la espalda a las peticiones ciudadanas que demandan, cada vez más y con mayor diligencia, soluciones y propuestas coordinadas, eficaces y proporcionales a la realidad actual. La reforma de Mariano Rajoy limita la autonomía local y no considera la variable de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio; no clarifica competencias y no simplifica la estructura de las administraciones locales, ni solventa sus grandes problemas de financiación, ni se ajusta a la realidad. Nos encontramos con otro duro recorte que hará peligrar miles de puestos de trabajo, que pondría en riesgo servicios públicos esenciales, que abren las puertas a la privatización de los mismos y que pone en jaque el futuro de los servicios sociales, pues la norma contempla retirar las competencias de asistencia social a las entidades locales, que son a la vez las que mejor conocen las necesidades de sus vecinos.