Galapagar

El Instituto Jaime Vera del PSOE, situado en Galapagar, carece de licencia de funcionamiento

Alfredo Pérez Rubalcaba, en un acto celebrado en la Jaime Vera en el verano de 2011

Los técnicos del área de Urbanismo están estudiando la situación del centro

El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Instituto Jaime Vera, situado en Galapagar y que desde 2010 forma parte de la Fundación Ideas del PSOE –la misma en la que la falsa Amy Martin cobró miles de euros por varios artículos-, ha venido desarrollando su actividad sin contar con la licencia de funcionamiento, situación que ya están investigando desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento.


Al parecer, los responsables de este centro sí solicitaron en su momento las licencias de actividad y de obra para ejecutar distintas actuaciones en la finca situada en el número 33 de la calle Delicias -con una superficie de 13.600 metros cuadrados, 1.000 de ellos edificados-, licencias que fueron concedidas por el Consistorio en 2010, si bien los técnicos municipales recordaron a este Instituto que para conseguir la licencia de funcionamiento, como último paso antes de retomar la actividad del centro, debían presentar distintos informes complementarios, como certificados de obra, seguros de responsabilidad civil, certificados de obra o planes de gestión.

Sin embargo, ninguno de estos documentos ha sido presentado ante el Ayuntamiento galapagueño, lo que no ha impedido que a lo largo de estos tres años se hayan celebrado en la Jaime Vera numerosas actividades del PSOE, con la participación de algunos de sus más destacados dirigentes, como Elena Valenciano, Soraya Rodríguez, José Blanco o el propio secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien presidió una reunión de trabajo el pasado 19 de mayo.

La normativa regional en esta materia establece que situaciones de este tipo podrían ser catalogadas como una infracción grave, con sanciones que van de 30.000 a 600.000 euros, en función de la valoración de los técnicos. Incluso, en los casos de mayor gravedad, la Administración podría ordenar la clausura de las instalaciones hasta que se subsanen las deficiencias encontradas en el expediente.