El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La España bronca de los viajeros románticos se volvió apacible, escarmentada por la Guerra Civil, y aunque está soportando sin violencia la corrupción que desde hace bastante tiempo campa a sus anchas en nuestro país, el día menos pensado podría acudir a ella para responder a los acosos, atracos y asaltos individuales que se están produciendo. Los jueces encargados de garantizar la paz ciudadana tienen a su servicio las leyes y las policías para poder aplicarla, aunque lamentablemente sucede que hay algunos que actúan como elementos antijusticia.
A la vista de algunos autos, sentencias, resoluciones y hasta declaraciones conocidas en los últimos meses , hay jueces que, abusando de la independencia de su jurisdicción, actúan a su antojo. Liberan a los que dañan a las personas directa y personalmente: carteristas, asaltantes de viviendas y tiendas, atracadores armados, incluso homicidas que deberían encerrar. Pero, como muchos de ustedes habrán tenido la ocasión de observar, la justicia sufre cierto atolondramiento actualmente: fue precisamente el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial quien, recurriendo a la libertad de expresión, justificó recientemente el acoso de los piqueteros a cualquier ciudadano, aunque sea político, a su familia y en su vivienda, algo que desde nuestro punto de vista es un auténtico desvarío, dado que ningún jurista reconocido puede confundir el derecho de manifestación y el de expresión y, claro, si el superior de todos los jueces lo hace, el país está bajo una justicia antijusticia.