El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Siete mil millones de euros es la factura de la corrupción en España en los últimos tiempos. Según apuntan algunas informaciones publicadas en los medios de comunicación, el rosario de escándalos de todos conocidos suponen a las arcas públicas un quebranto de varios miles de millones de euros. Una suma de dinero que aplicada a políticas sociales podría ayudar a varios miles de personas a sacudirse parte de su desfavorable situación.
Es verdad que aunque la corrupción tenga una elevada dimensión cuantitativa, no todos los políticos son corruptos. Por supuesto. Pero cada vez la ciudadanía percibe que más responsables públicos están involucrados en fenómenos de corrupción. El problema es complejo porque anida en la misma naturaleza humana. Siempre ha habido corrupción y simpre la habrá, al menos mientras no mude el chasis y la estructura del ser humano. Ello, sin embargo, no implica tolerar estos abusos o, lo que es peor, ampararlos. Hay que combatirlos y tomar medidas para que sea, haciendo lo que sea cada vez más difícil cometer actos de corrupción.
Una medida bien sencilla, al alcance de todas las fortunas, sin gran coste económico, y que sería aplaudida por todos los ciudadanos, es la implementación de la democracia interna en los partidos. También, desde luego, debería exigirse a quien se dedica a la cosa pública que tenga independencia profesional y económica. Si los políticos no se ocupan de las cosas de la gente, y sí de los deseos de los que mandan, mal asunto. Y si no tienen una actividad profesional estable, procurarán como sea, haciendo lo que sea, convertir la política en algo estable.
Ambas medidas de sentido común, no son, sin embargo, una realidad entre nosotros. Por la poderosa razón de que si se introdujeran gran parte de los políticos actuales tendría que tomar las de Villadiego y, los otros, los que quedaran, someterse al escrutinio de la militancia. Y quien lleva años y décadas manejando con astucia los asuntos públicos para permanecer siempre en la cúpula, es probable que no esté dispuesto a caminar por esta senda. En mi opinión, es menester cambiar la ley de partidos políticos. Para que los cargos sean elegidos por sufragio directo y secreto de la militancia. Para que los candidatos a cargos electos sean elegidos también por los militantes. Para que la financiación de los partidos proceda de la militancia en su mayor parte. Para que los cargos institucionales den cuentas periódicamente ante sus propios representantes de las decisiones que toman. Para que se intensifiquen las relaciones entre electos y electores. Para que se consulte con la militancia las principales decisiones cuando estas traigan consigo cambios en el ideario del partido.
En fin, hay que terminar de una vez por todas con este putrefacto estado de partidos que tenemos, abrirlos a la sociedad, a la realidad, fomentar la democracia interna y que sean de verdad los propios militantes los que decidan y no sólo las cúpulas interesadas por permenecer en el machito.