El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Las concesionarias que gestionarán los seis hospitales, con sus ocho centros de especialidades asociados, que externalizará la Comunidad de Madrid tendrán que asumir todo el personal sanitario (alrededor de 5.200 trabajadores), según se recoge en un informe que presentó ayer al Consejo de Gobierno el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. De esta forma, indican desde el Ejecutivo regional, se garantizarán los puestos de trabajo de los profesionales sanitarios de los hospitales Infanta Cristina (Parla), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), hospital del Henares (Coslada), del Tajo (Aranjuez) y del Sureste (Arganda).
En concreto, el personal estatutario con plaza fija podrá elegir entre quedarse en el mismo hospital pagándole el Servicio Madrileño de Salud -el importe del salario de estos trabajadores se descontará a la concesionaria-, pedir una excedencia e integrarse en la plantilla de la concesionaria pasando a una situación de excedencia especial que le permite el reingreso en cualquier momento, o solicitar su traslado a otro hospital de la Comunidad de Madrid. El personal laboral de las empresas públicas podrá integrarse en la concesionaria manteniendo las condiciones retributivas y laborales actuales. Para el personal interino y eventual que así lo desee, se establece la obligación de que sean contratados por la sociedad concesionaria.
La Consejería entregó el miércoles el borrador de los pliegos a los profesionales de los hospitales afectados y recibirá sus observaciones. Igualmente, en los próximos días se sentará con las organizaciones sindicales, colegios profesionales, entidades y profesionales, según explicó Fernández-Lasquetty.
Máximo, tres hospitales
En cuanto al concurso, los pliegos que aprobará en los próximos días la Comunidad establecerán que una misma concesionaria sólo podrá gestionar como máximo tres hospitales y sus centros de especialidades asociados, con una vigencia de 10 años. Para ello, los hospitales se dividirán en cinco grupos, uno por cada hospital excepto el del Tajo que por su menor tamaño concurrirá junto al Infanta Cristina.
Los licitadores, que tendrán que acreditar una experiencia de cuatro años de gestión sanitaria, podrán presentar oferta a uno, a varios o a la totalidad de los cinco grupos de hospitales, expresando el orden de sus preferencias, aunque sólo podrán salir adjudicatarias como máximo en dos de ellos. Por otra parte, en el documento se fija que la oferta técnica tendrá el mismo peso que la económica, con lo que el Gobierno regional pretende garantizar la máxima calidad asistencial en estos centros externalizados.
Precio por habitante
La cápita, que es el precio que abona anualmente la Administración a la concesionaria por cada habitante, oscilará entre los 473 y los 518 euros en función de una serie de parámetros, vinculados fundamentalmente al tamaño de cada uno de los cinco grupos en que se licitarán los seis hospitales. Además, la empresa abonará a la Comunidad de Madrid un canon anual por el arrendamiento y uso de las infraestructuras puestas a su disposición, incluyendo los centros de especialidades.
La cápita engloba todas las prestaciones de la atención especializada del Sistema Nacional de Salud, con la excepción de los trasplantes y algunos servicios accesorios.
Un control exhaustivo
La Comunidad de Madrid asegura que someterá a las concesionarias a un control exhaustivo para garantizar la mayor calidad asistencial en estos seis hospitales externalizados. Para ello, los pliegos de condiciones recogen una serie de medidas como la creación de una Comisión Mixta de seguimiento entre la Consejería y la gestora; la puesta en marcha de la figura del Director General de Seguimiento y Control, y la obligación de que estos centros hospitalarios presenten planes de calidad anualmente.
Del mismo modo, se realizarán auditorías para comprobar que se están cumpliendo los indicadores marcados de calidad asistencial y de seguridad del paciente fijados por la Administración. Algunos de estos indicadores serán los referidos a mortalidad, reingresos e infecciones hospitalarias. El incumplimiento de sus obligaciones o los defectos en la calidad de la asistencia sanitaria daría lugar a los correspondientes descuentos o sanciones, que en los casos más graves podrían llegar a la rescisión del contrato.