Comunidad de Madrid

El Ejecutivo eleva al 50 por ciento el PRISMA destinado a financiar servicios municipales

El presidente regional se reunió en Chinchón con más de 100 alcaldes
El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer un decreto de modificación del PRISMA (Plan Regional de Infraestructuras y Servicios) 2008-2011 que va a permitir a los ayuntamientos de la región elevar hasta el 50 por ciento la cantidad que destinan a pagar gasto corriente y financiar, de este modo, servicios básicos para los ciudadanos, según explicó en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno autonómico, Salvador Victoria.


Se trata de una medida que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció este lunes tras mantener una reunión en Chinchón con más de un centenar de alcaldes de la región con el objetivo de aliviar a los ayuntamientos en este escenario económico actual.

En concreto, los consistorios madrileños podrán financiar gastos corrientes referidos a actuaciones destinadas al mantenimiento, funcionamiento y conservación de infraestructuras, equipamientos, zonas verdes y servicios municipales.

A modo de ejemplo, al elevar este porcentaje, que hasta ahora no podía superar el 25, el Gobierno regional facilitará a los municipios, si así lo deciden, el pago de cuestiones como el recibo de la luz o del teléfono, el agua, el alcantarillado o la limpieza viaria.

Las entidades locales también podrán utilizar este porcentaje de la financiación que reciben del Plan PRISMA 2008-2011 a contribuir a hacer frente a sus propios gastos de personal, entre los que se encuentran los agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM), toda vez que la aportación de la Comunidad a este capítulo se reducirá de media un 30 por ciento.

En el actual contexto de crisis económica, existe en los ayuntamientos
una creciente demanda de poder destinar a esta finalidad una parte más amplia de la cantidad que les corresponde en cada caso. Ya en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada en diciembre de 2008 se desvinculó la necesidad de que dichos gastos derivaran de actuaciones realizadas con cargo a Programas Regionales de Inversiones y Servicios anteriores, dando un primer paso para flexibilizar esta fuente de financiación.