El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Las causas que han conducido a los ayuntamientos a la delicada situación por la que atraviesan son de sobra conocidas: una crisis económica a la que no se le ve fin, una caída sin precedentes de los ingresos una vez agotado del mapa del urbanismo, demasiado tiempo viviendo por encima de sus posibilidades y una estructura administrativa sobredimensionada en los años de bonanza y que en los momentos actuales resulta imposible de mantener.
Las consecuencias también son patentes: rebajas salariales a los funcionarios-empleados, planes de ajuste para pagar a proveedores, responder a los vencimientos de los créditos bancarios, inversiones aparcadas ‘sine die’, un drástico tijeretazo en materia de subvenciones y ayudas de todo tipo, la supresión de actividades y eventos de cualquier índole, incluidas fiestas, la eliminación de los denominados gastos superfluos, etc. Pero esto no debe hacernos olvidar que los ayuntamientos se han convertido en víctimas de la mala organización del Estado. Cuando, como ahora, se habla de las duplicidades administrativas del Estado de las Autonomías, es bueno recordar que los Ayuntamientos están entre los principales afectados por esa mala gestión burocrática. Por tanto, sería conveniente que se se clarifiquen las competencias en temas como Educación, Vivienda, Medio Ambiente, Comercio, Turismo..., servicios prestados por más de una administración y que por tanto hace que se duplique o se triplique el gasto.
Es por tanto imprescindible, desde mi punto de vista, redefinir y remodelar el Estado de las Autonomías, pero siempre que paralelamente se lleve a cabo una profunda reforma de la Administración local, al menos si se quiere evitar que la mayoría de los ayuntamientos, como viene ocurriendo en los últimos cinco o seis años, estén siempre al borde de la asfixia o pendientes de sobrevivir a través de operaciones que pueden rozar la ilegalidad.
Al margen de los recortes realizados hasta la fecha por parte de la mayoría de los consistorios, hay un tema que aún sigue siendo tabú para nuestros munícipes: nos estamos refiriendo al capítulo de gastos en las fiestas patronales. Cierto es que algunas corporaciones se resisten a hacer recortes en este área amparándose en el supuesto movimiento económico que con, mayor o menor medida, pueden llegar a generar en favor de los comerciantes locales, de ahí que sólo se atrevan a disminuir levemente el presupuesto a base de reducir los días de ‘jarana’, atenuar el alumbrado festivo, suprimir los festivales y certámenes y, en algunos casos, hasta los tradicionales fuegos artificiales.¿Y los festivales taurinos? En este apartado los intereses disfrazados de tradición parecen estar por encima de todo y de todos, más en una comarca como la nuestra, donde una fiesta sin toros y sin encierros viene a ser algo así como un jardín sin flores.
No, no estamos precisamente para fiestas, ni tampoco para mantener tradiciones millonarias. Ha llegado el momento de elaborar programas festivos acordes con las posibilidades económicas de cada municipio.