El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El contencioso-administrativo presentado por seis colectivos de El Escorial contra la licencia municipal para instalar una capilla en la finca de Prado Nuevo ha sido admitido a trámite. El hecho, indican desde Acción Plural, “significa un avance en la lucha que por distintos motivos ha emprendido el conjunto de partidos y asociaciones (IU, Acción Plural, Equo, Escorial Laico, Plataforma Ciudadana Escurialense y Entorno Escorial) contra la instalación promovida por el entorno de las supuestas apariciones de la Virgen, donde desde el pasado mes de agosto reposan de forma ilegal los restos de la vidente Amparo Cuevas”.
Razones políticas, sociales, medioambientales y de legalidad urbanística han unido a estos grupos en el recurso que ahora ha admitido a trámite el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 23 de Madrid.
El portavoz de Escorial Laico y ex edil de IU, denuncia la permisividad con de las distintas administraciones ante todo lo relacionado con Prado Nuevo y su Fundación: “Mantienen un edificio de 800 metros cuadrados, construido sin licencia en suelo rústico de especial protección, sin que ni Ayuntamiento ni Comunidad de Madrid hagan nada por cumplir la legalidad; mantienen sin licencia de actividad, en un terreno y edificio en el que esa actividad es ilegal, una residencia de tercera edad sin que nadie les obligue a cumplir la Ley; mantienen desde hace muchos años una actividad incompatible con lo que señalan las Normas Subsidiarias en Prado Nuevo; y ahora han permitido, con una licencia que ya ha sido denunciada, la construcción de una presunta capilla y su utilización desde cinco meses antes de que se le concediese la licencia municipal”.
Una gran tarea por delante
Por su parte, el ex alcalde socialista (1991-1995) y actual concejal de Acción Plural en el Ayuntamiento escurialense, Mariano Rodríguez, señala que, “superada la primera fase procesal, todavía queda una gran tarea jurídica por delante, que abordamos con la determinación y la ilusión de restituir la legalidad urbanística, medioambiental y paisajística groseramente violentada, así como el estado físico anterior a la construcción ya realizada”.
Por otra parte, las entidades demandantes han hecho un llamamiento a los vecinos para que “colaboren económicamente y poder seguir adelante con las acciones judiciales”.