El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Esta semana, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha informado que el municipio se ha sumado al convenio para la creación de un fondo social de viviendas para personas afectadas por desahucios.
La concejala de Familia y Servicios Sociales, Mariola Vargas, ha señalado que “esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas urgentes del Real Decreto Ley para reforzar la protección de las personas con deudas de hipotecas de su vivienda”. La edil ha declarado que “con esta medida se pretende ir dando respuestas por parte de todos los agentes económicos y sociales ante la gravedad de las consecuencias que ocasionan los desahucios”.
Este convenio ha sido suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, el Banco de España, la mayoría de las entidades financieras y la Plataforma del Tercer Sector (organización de ámbito estatal sin animo de lucro de que la forman parte 29.000 entidades de todo el país).
Según indican fuentes municipales, la principal finalidad de esta medida es la de facilitar viviendas de alquiler social a bajo precio, entre un mínimo de 150 y un máximo de 400 euros al mes, con un contrato de dos años con posibilidad de prórroga. Cada entidad bancaria ofrece la posibilidad de alquiler a aquellas familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por esa misma entidad de crédito.
A estas viviendas de alquiler sólo podrán optar aquellas familias que se encuentren en una situación de importante dificultad social. Para ello los Servicios Sociales municipales, en colaboración con las entidades bancarias, darán prioridad a los casos que presenten mayor necesidad o riesgo.
Las solicitudes de estos pisos se dirigirán a la misma entidad cuyo impago del préstamo haya originado el desalojo. Sólo se admitirán aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos estipulados en la cláusulas del convenio: el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no podrá superar el límite de tres veces el IPREM; ninguno de sus miembros podrá disponer de una vivienda en propiedad o en usufructo; y deberán estar en situación de especial vulnerabilidad.
Finalmente, cada entidad bancaria que se haya adherido al convenio facilitará un fondo social de viviendas de alquiler al Ayuntamiento.