Opinión

Reducción de concejales y salarios

El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
No podía ser de otra manera, dada la situación actual, la ciudadanía cada vez más agotada, ha dirigido su mirada hacia la clase política que es la que debiera liderar la salida de ese atolladero en el que ellos mismos nos han metido. Y esa mirada hacia la clase política se ha centrado sobre todo en un interesante debate sobre el sueldo que perciben los concejales y los alcaldes de algunos ayuntamientos por ser estos los más próximos, sin que esto suponga ignorar las cantidades que reciben del erario público consejeros regionales, senadores y diputados nacionales.


Pero volviendo al tema de nuestros munícipes hemos de decir que en relación a sus emolumentos también parece estar interesados los dirigentes de Partido Popular y Partido Socialista para, según dicen, intentar reducir el número de concejales en los consistorios españoles, algo que intenten justificar en el deseo de sanear las ya de por sí deterioradas arcas municipales, aunque yo piense que su objetivo real es el de perpetuar el bipartidismo en los ayuntamientos.

Tomando como ejemplo un consistorio local con 17-21 concejales, con un presupuesto anual que oscile entre los 15 y 20 millones de euros y que presente un balance deficitario, al margen de otra medidas será imprescindible a la hora de mejorar su situación económica se dispongan a abordar de inmediato dos aspectos importantes, uno la reducción de concejales con dedicación exclusiva, quedando limitados el resto de los corporativos al cobro por asistencia a plenos, además de eliminar los asesores o personal calificado como de ‘confianza’. El otro aspecto está relacionado con el salario que debe percibir cada uno de los que ‘gocen’ de dicha exclusividad.

Yo entiendo que, en el peor de los casos, es razonable que el número de ediles en este tipo de ayuntamientos con dedicación exclusiva no pase, sea cual fuere el número de acreditaciones conseguidas por su grupo en las urnas, del 50 por ciento y creo que no es menos razonable que, además, cada grupo municipal tenga al menos una dedicación exclusiva, la de su portavoz, pues este debe intervenir en todas y cada una de las propuestas que se lleven a pleno, así como proponer las de su propio grupo municipal.

Otro aspecto es la cuantía del sueldo que deben percibir los munícipes, un asunto bastante polémico, porque mientras algunos los considerarán muy elevados, otros pensarán que no están acorde con la responsabilidades que deben asumir al aceptar el cargo. Al respecto les diré que he podido conocer hace pocos días la propuesta realizado por Esquerda Unida (IU) en un ayuntamiento de la Generalitat Valenciana donde su grupo municipal planteó el tema en un pleno, centrándose sus propuestas en: reducir el sueldo de los concejales en un 15 por ciento (sin plantear ningún estudio comparativo con otras ciudades que pudiera determinar si era razonable esta reducción o en función de que se hacía). Pero aún más curioso fue la propuesta de su segundo punto: que todos los concejales tuvieran dedicación exclusiva, con lo que el Ayuntamiento aumentaría sus gastos en concepto de salarios. El tercero y último punto fue mucho más lógico, pues contemplaba la reducción o eliminación del número de asesores.

Al margen de este tipo de anécdotas y desde mi particular punto de vista la propuesta a poner sobre la mesa de negociación tiene que pasar ineludiblemente por homogeneizar a nivel nacional los criterios que fijan las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales para alcanzar cuanto antes una racionalización del gasto. Y esto solo se puede hacer en función de las características propias de cada municipio, siendo fundamental a la hora de elaborar los baremos correspondientes el número de habitantes de cada Consistorio, renta per cápita, situación financiera del mismo y presupuesto municipal, porque lo que aquí se trata es de fijar de forma racional y más transparente posible cuantos concejales deben tener dedicación exclusiva, sus salarios, número de pagas para que esto en ningún caso dependa de las decisiones arbitrarias del alcalde o alcaldesa de turno.