El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
La Asamblea de Madrid aprobó en el último pleno de 2012 la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que entre otras medidas incluye la regularización de las actividades hosteleras que se vienen llevando a cabo hasta ahora en fincas sobre suelo protegido y no urbano. En este sentido, Ecologistas en Acción, que viene denunciando estas instalaciones desde 2007, junto a la Asociación Madrileña de Empresa y la Asociación Empresarial Hostelera de Madrid, ha denunciado el “impacto ambiental que conllevan”, además de asegurar que carecen de medidas de seguridad.
El artículo 8 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, explica este colectivo, “está redactado con un propósito evidente: la legalización de, al menos, 40 instalaciones de celebración de eventos (bodas, banquetes, fiestas, convenciones, etc.) en suelo protegido de gran valor ambiental”. Según indican los ecologistas, estas instalaciones -muchas de ellas situadas en municipios de la Sierra-, “se dedican ya a la realización de actividades hosteleras, pero carecen de autorización y no cumplen con las medidas de seguridad y limitaciones que se impone a establecimientos legales que realizan la misma actividad”.
Situaciones graves
Entre los casos más graves, Ecologistas en Acción hace referencia a varias fincas situadas en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. “La normativa de este espacio protegido no permite la celebración de eventos. Pero al menos cuatro se dedican a esta actividad en Hoyo de Manzanares o junto al monte del Pardo. Se trata de Los Jarales, la finca de San Antonio, El Pendolero y la Muñoz”, subraya esta plataforma. Idéntica situación, añaden estas fuentes, se produce en el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. “En zonas de máxima protección del se sitúan la casa palacio de El Gasco, en Torrelodones, edificación del siglo XVIII mandada construir por el Marqués de Valterra, así como Las Monjas, Villasolita y Tres Fuentes, todas ellas en Galapagar”, subrayan desde Ecologistas en Acción, que también hace referencia a Prado Moros, en Guadarrama, indicando que la actividad en este caso “afecta a lagunas y estanques naturales que se pueden estar viendo afectados por el vertido de aguas residuales”. Además, manifiestan, aquí se ha construido una plataforma de madera sobre la laguna donde se realizan las ceremonias.
Por otra parte, el colectivo conservacionista que la la ley “elude las prohibiciones y limitaciones existentes, así como la obligación del cumplimiento de la normativa de seguridad actual”. En este sentido, los ecologistas aseguran que “la mayor parte de estas fincas ni siquiera cumple con las medidas de seguridad contra incendios, salidas de emergencias, certificaciones que acrediten la resistencia al viento de las carpas donde se celebran los eventos, etc”.
Competencia desleal
Finalmente, la asociación considera que lejos de que estas medidas “sirvan para dinamizar la economía, suponen una competencia desleal para aquellos empresarios que realizan esta actividad legalmente en establecimientos en suelo urbano”.
Entorno Escorial también ha lamentado la aprobación de esta ley, recordando el caso de El Campillo, donde el 30 de mayo del 2012 el Ayuntamiento de San Lorenzo ordenó la suspensión de “cualquier actividad que venga desarrollando sin licencia”. Para esta asociación, la medida de la Administración regional “vacía de contenido todas estas actuaciones y declara la impunidad de estas actividades, independientemente del impacto que produzcan en el territorio”.
Jugar en igualdad
A las críticas se unió también UPyD, cuyo diputado regional Gabriel López manifestó que “la celebración de banquetes en estas fincas no permite jugar en igualdad de condiciones a todas las industrias que ofrecen este tipo de servicio, y perjudica claramente a las tradicionales”.
Esta regularización, indicó el parlamentario de la formación magenta, “no responde al interés general de los ciudadanos, sino de un grupo muy selecto de particulares dueños de las fincas”, añadiendo que estas instalaciones “no cuentan con la más mínima estructura de sostenibilidad”.
Generación de actividad económica
Frente a las críticas de los ecologistas y de la oposición, la Comunidad de Madrid considera que la nueva normativa “fomenta la generación de actividad económica y la creación de nuevos puestos de trabajos, al permitir la celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad en suelo no urbanizable con cualquier protección y suelo urbanizable no sectorizado”.
El Gobierno regional ha destacado que esta disposición adicional en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del 2013 “introduce un control para que clientes e invitados a estos eventos puedan contar con todas las garantías, y garantiza la igualdad de oportunidades de todos los empresarios del sector”.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asegura también que estos eventos “sólo se podrán celebrar en edificaciones ya existentes, por lo que no se abre la puerta a construir nuevas instalaciones, tan sólo en las que ya existen con anterioridad”.
Usos respetuosos
“Además, serán usos totalmente respetuosos con el medio ambiente y que favorezcan el desarrollo rural sostenible, siempre que no se encuentren expresamente prohibidos por el planeamiento municipal”, subrayaron desde la Consejería de Medio Ambiente.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende “dar una salida de regularización” a las actuales fincas privadas que ya cuentan con establecimientos habilitados a estos fines, “permitiendo a las mismas que puedan contar con todas las garantías, con la licencia de actividad y, consecuentemente, tributar con el correspondiente IAE”.