El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Según la reforma en la que trabaja el Gobierno de Mariano Rajoy, y que pretende aprobar en Consejo de Ministros, a mediados del próximo mes de enero, el máximo salarial de los alcaldes se fijará en 68.000 euros (únicamente para las grandes capitales, como Madrid y Barcelona), retribución equivalente a la de los secretarios de Estado.
El siguiente escalón, todavía por definir -aunque siempre parece que se trataría de ciudades de elevada población- sería 59.451 euros -igual que un subsecretario de Estado-, mientras que el tercero, en el que se encontrarían los regidores de la mayoría de capitales de provincia, se establecería en 50.832 euros, equiparable al sueldo de un director general en la Administración del Estado. Además, se establecerán distintos tramos para los alcaldes de los municipios más pequeños, descontando un determinado porcentaje en función de la población.
De este modo, y trasladando estos datos provisionales a las localidades de la Sierra del Guadarrama, ninguno de los alcaldes de nuestra comarca -con municipios situados entre los 3.000 habitantes de Navacerrada y los 60.000 de Collado Villalba- podrá cobrar por encima de los 50.832 euros de un director general. Además, el recorte podría ser aún más significativo en localidades de entre 10.000 y 40.000 habitantes, como Alpedrete (donde el Equipo de Gobierno comenzó la legislatura con un importante aumento de las retribuciones), Moralzarzal, El Escorial, San Lorenzo, Valdemorillo, Galapagar o Torrelodones.Los salarios de los concejales también se ajustarán a estos baremos. Por otra parte, el Ejecutivo central trabaja en una reducción del número de concejales, que no será una disminución generalizada del 30 por ciento como se dijo el pasado verano, sino que podría variar en función de las circunstancias del Consistorio (población y presupuesto, principalmente).
Menos dedicaciones exclusivas
Además, el Gobierno de Mariano Rajoy pretende aprovechar estos cambios para rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal manera que sólo cobrarían un sueldo los liberados, mientras que el resto percibiría dietas por asistencia a los plenos. Finalmente, otro de los aspectos en los que se está trabajando es en la delimitación de las competencias municipales, con el fin de evitar duplicidades y mejorar la financiación de la Administración local.