Hay que separar lo público de lo privado

El pasado mes de abril, publiqué un artículo en El Faro del Guadarrama donde expresaba mis reservas a la realización del túnel de Honorio Lozano en Collado Villalba. Entre las distintas razones que aportaba, creo que las más relevantes eran por un lado la asimetría existente entre la utilidad social y el coste de la obra, y por el otro la enajenación de una vía pública para el lucro de una empresa privada.

Ésta razón no era simple demagogia de lo Público como alguno pudo pensar. Por el contrario es muy importante que exista separación entre los bienes públicos y los privados, por la simple razón de que lo primero es patrimonio de todos y todos tenemos el derecho de decidir sobre ello.

La semana pasada, una redactora de este periódico fue coaccionada e incluso empujada por intentar informar de un hecho denunciado por los propios vecinos de Honorio Lozano: el hundimiento de una parte de la acera de esa calle. El incidente por sí mismo no era grave (¿o sí?) como para reaccionar de la manera que se vio: el director de la Policía villalbina invitándola a abandonar el lugar “por motivos de seguridad” mientras se permitía circular por la zona al resto de viandantes sin problema; la técnica de la obra gritándole que no tenía “permiso” para hacer fotos... ¡en una vía pública!; los operarios de la obra empujándola para que se fuese de allí y no pudiese hacer las mencionadas fotografías; otro increpando con formas de macarra a los vecinos que protestaban pidiendo seguridad para ellos mismos y, para rematar la bonita estampa, un cabo de la Policía Local mirando para otro lado.

Este tipo de comportamientos nos hacen pensar que a veces estamos en Siciliandia, porque algo malo ocurre aquí cuando un miembro de las fuerzas del Orden Público defiende a una empresa privada adjudicataria de un importante contrato público en lugar de defender uno de los derechos fundamentales que ampara la Constitución, y éste no es otro que el derecho a la información a través de la libertad de expresión. Si se repasa toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se llega a la evidente conclusión de que el derecho fundamental a la información se articula en “aras del interés colectivo en el conocimiento de hechos que puedan encerrar transcendencia pública para que sea real la participación de los ciudadanos en el desarrollo de la vida colectiva”. Queda claro que a todos los que trataban de impedir las fotos, eso de “la participación de los ciudadanos en la vida colectiva” les suena a deporte exótico de riesgo. Sobre todo de riesgo.

Casi da risa leer la declaración de intenciones que la concesionaria del túnel hace en su página en internet, afirmando que “nace con la clara vocación de comprometerse con los ciudadanos de Collado Villalba” o su “manifiesta orientación de servicio ciudadano”. No es de extrañar que estos señores de la UTE Cover-Ortiz desprecien la libertad de expresión y se crean de facto los dueños de las calles Honorio Lozano-Batalla de Bailén, y tampoco es de extrañar que ellos quieran decidir quién pasa por allí y quién hace fotos, fundamentalmente cuando saben que cargos públicos como el mencionado Director y el cabo, les apoyan y les defienden de este tipo de comportamientos.

Aquí es donde debemos enlazar esta reflexión respecto a separar lo público de lo privado: cuando uno pierde el referente de servicio público y se adentra en la peligrosa deriva de confundirlo todo y no llegar a saber qué representa realmente es que ha llegado el momento de dimitir. Y eso es lo que debiera hacer el director de la Policía, justo después de disculparse con los ciudadanos de este municipio. Y no es ésta una petición exagerada, puesto que no hay deber más importante para el responsable de la seguridad y libertad de todos que preservar esa libertad por encima de cualquier cosa. Si no hace eso, su puesto de trabajo carece de sentido.

En estas ocasiones de la vida en que uno tiene que poner en valor sus principios y su conciencia, la mejor manera de hacerlo es situarse en la contradicción de los hechos: ¿Habría hecho el director de Policía lo mismo si el derrumbamiento se hubiese producido en una obra privada de un constructor cualquiera? ¿Habría tratado de impedir hacer fotos a la periodista en ese caso? Cualquiera puede imaginar que nada de esto hubiera ocurrido, lo que significa que aunque el director cobra de los impuestos de los ciudadanos villalbinos, defiende los intereses de la constructora y llegados hasta aquí lo mejor que puede hacer es dimitir de su puesto público y aceptar un trabajo en Cover-Ortiz.