El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Equipo de Gobierno de Alpedrete ha aprobado esta semana la adjudicación definitiva, por 10 años, de la gestión del polideportivo a la empresa concesionaria ADIP, que ya se encarga de la explotación de la piscina municipal.
“Gracias a esta gestión indirecta, el servicio continuará siendo público, más eficaz y de igual o mayor calidad en beneficio de los vecinos”, aseguró la alcaldesa, María Casado (PP), añadiendo que esta concesión “supondrá un ahorro de unos 300.000 euros anuales de media para las arcas municipales”. Además, indican desde el Ejecutivo, la empresa adjudicataria asumirá el equipamiento necesario para desarrollar las distintas actividades que se ofrecen en el polideportivo.
Cumplir las cláusulas
Por su parte, la concejala del área, Carmen Semper, manifestó que “tanto el director de Deportes como yo misma estaremos muy pendientes de que ADIP cumpla rigurosamente con todas las cláusulas de los pliegos y la oferta de gestión que ha presentado”.
Finalmente, el Equipo de Gobierno indica que al tratarse de la misma empresa que gestiona la piscina municipal, los vecinos podrán beneficiarse de tarifas combinadas para el uso de ambas instalaciones.
Bien distinta es la postura de los grupos de la oposición, que mostraron su rechazo a la medida aprobada en solitario por el Partido Popular. “La privatización de la gestión del polideportivo va a suponer una importante merma en la calidad de un servicio público básico, que hasta ahora estaba bien considerado y muy valorado por todos sus usuarios”, señalaron desde UNPA, grupo que asegura que esta decisión “conllevará la perdida de las actividades que la empresa adjudicataria no considere rentables para sus intereses”. En su argumentación hace referencia a “lo que está ocurriendo en la también privatizada piscina cubierta, la cual presta un pésimo servicio que origina las continuas quejas de los usuarios”.
Con la externalización de la gestión del polideportivo, prosigue el grupo independiente, “no se va a hacer otra cosa que despilfarrar el dinero público, puesto que el Ayuntamiento va a tener que abonar a la empresa adjudicataria una cantidad anual que rondará los 453.000 euros, a lo que habrá que sumar los gastos por consumo de agua, gas, electricidad, gasóleo, etc. del complejo deportivo, que también correrán por cuenta de las arcas municipales, siendo la concesionaria la que se lleve los beneficios de la explotación”.
Incremento de las tarifas
UNPA afirma también que los precios de las actividades “sufrirán un importante incremento”, incluyendo la revisión anual de las tarifas en base a una fórmula que esta formación considera “abusiva, farragosa y nada clara”. Por otra parte, este grupo califica como “lamentable” el hecho de que en la sesión plenaria la alcaldesa “ni tan siquiera se comprometiera a mantener durante el presente curso los precios actuales de las actividades deportivas en las que los usuarios ya están inscritos y cuyas condiciones económicas eran públicas en el momento de realizar la matricula”.
Igualmente, UNPA afirma que el futuro de los 26 trabajadores adscritos al servicio deportivo (desde monitores a conserjes, algunos con 20 años de antigüedad), que pasarán a depender de ADIP, “puede presentarse incierto y sombrío”. Por último, este grupo aboga por “unos servicios públicos de calidad gestionados desde la administración municipal”.