Socialistas y populares a ladrillazos

Todo parece indicar que la escalada de supuestos escándalos urbanísticos va a seguir protagonizando la actualidad política madrileña durante varios meses. Los que se consideran expertos en estos temas aseguran que aún van a estar en candelero por lo menos hasta el mes de mayo, fecha prevista para la celebración de los próximos comicios locales y autonómicos. Por tanto, no debe sorprendernos que con unas elecciones a la vuelta de la esquina, donde PP y PSOE se juegan no sólo las alcaldías de muchos municipios madrileños sino también la presidencia del Ejecutivo regional, den la sensación de estar totalmente de acuerdo en mantener una guerra que tiene como único objetivo vincular a los ediles adversarios con posibles tramas o pelotazos urbanísticos.

Algunos dicen que fue Rafael Simancas quien abrió las hostilidades en este sentido al llevar el asunto de las presuntas irregularidades urbanísticas que el secretario general socialista ha estado imputando en estos dos últimos años a los consistorios del PP (Torrelodones, Galapagar, Las Rozas, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa...) al Parlamento Europeo. La respuesta de los populares no se hizo esperar, y el pasado martes Antonio Beteta, su portavoz en la Asamblea de Madrid, presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción donde el PP denuncia 10 casos de irregularidades urbanísticas relacionadas con municipios gobernados por el PSOE (Getafe, Parla, Leganés...) , solicitando además una treintena de comparecencias ante el Ministerio Fiscal, entre ellas las de Ruth Porta, portavoz adjunta en la Asamblea, su marido, Enrique Benedicto, José Blanco, secretario de Organización del Partido Socialista, el ex alcalde de Arroyomolinos, Ángel L. Pérez Gómez, el grupo de empresas AGECOVI. Obviamente, todo esto queda al margen del asunto de Ciempozuelos, donde las presuntas implicaciones en varios casos de corrupción por parte de los dos ex alcaldes socialistas (actualmente en prisión) que han regido durante varios años los destinos de este Ayuntamiento, parecen gravísimas, de ahí que el Partido Popular haya optado por presentarse como acusación particular.

La guerra, pues, está servida, y mucho me temo que de aquí al mes de mayo vamos a ver desfilar por la pasarela informativa de los medios de comunicación asuntos delicados protagonizados por algunos políticos desaprensivos que gracias a su connivencia con ciertas empresas constructoras y promotoras hacen que proliferen en nuestra región los casos de corrupción urbanística. Y que nadie venga ahora diciéndonos que si son más o menos corruptos los políticos de derechas o los de izquierdas, porque a tenor de los que hemos visto y leído en los últimos meses, aquí también se podría decir aquello de que el esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Y, como cabe suponer, de esta guerra tampoco se libra nuestra comarca, y ahí está recién desempolvado el último caso que ha salido a la luz pública, donde se relaciona al ex alcalde popular de Colmenarejo, Julio García Elvira, con la adjudicación irregular de un terreno de propiedad municipal durante su gestión al frente de este municipio. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Supremo donde se anula el concurso público celebrado por este Consistorio en el año 1998, que permitió a la empresa PC Jufema, propiedad del por entonces alcalde, hacerse con la propiedad de una parcela de 3.000 metros en el sector industrial. La sentencia del alto tribunal obliga a García Elvira a reintegrar dicha parcela -¿con nave industrial incluida?- al patrimonio municipal. Lógicamente, la noticia ha sido aprovechada por el secretario general del PSM, Rafael Simancas, para echar más leña al fuego al volver a acusar a los populares de corruptos. Bien, allá cada uno con sus estrategias, pero el seguir alimentando lo de “y tú más” se está convirtiendo, desde mi punto de vista, en un juego muy peligroso.

Bien, y ya metidos en el tema tenemos que volver a Torrelodones y rememorar los hechos denunciados por los ediles díscolos del PP, Reyes Tintó y Jesús Pacios, donde implicaban al alcalde, Carlos Galbeño, al presidente local de su partido, Mario Mingo, y a sus compañeros de corporación, los ediles Fernando González y Julián Nieto, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, lo que ha dado origen a dos querellas que fueron presentadas a finales de octubre por el alcalde, los dos concejales mencionados y Mario Mingo, contra Tintó y Pacios, sustentadas en un presunto delito de calumnias y falsas acusaciones. Pues bien, éstas ya han sido admitidas a trámite por un juzgado madrileño, lo que obligará a las partes implicadas en este litigio a verse las caras ante un juez.

Por otro lado, y sin salir de esta localidad, según una nota de prensa emitida por el Ayuntamiento, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) niega haber realizado un informe oficial sobre las condiciones medioambientales relacionadas con desarrollo urbanístico del Área Homogénea Norte. Esto, según la citada nota, pone en evidencia lo manifestado por algunas asociaciones ecologistas sobre un presunto dictamen realizado al respecto por el CSIC, “informe que fue mostrado incluso a las cámaras del programa Caiga quien Caiga de Telecinco, como parte del reportaje emitido con motivo de la suspensión del premio Bandera Verde -que concede la FUCI- a Torrelodones, y que fue utilizado por un reportero de este espacio para convencer a la presidenta de FUCI, Agustina Laguna, de la inconveniencia de que el galardón le fuese concedido a este municipio”. Entonces, yo me pregunto: ¿Quién elaboró el supuesto informe falso?, ¿qué interés tenía en desacreditar a los responsables de este Ayuntamiento? Espero que alguien me lo explique.