El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El Juzgado de lo Social número 11 ha considerado improcedente el despido de una trabajadora municipal de Alpedrete, condenando al Ayuntamiento a pagar una indemnización de 23.000 euros, cantidad a la que hay que sumar casi 15.000 en concepto de salarios de tramitación. Ante esta nueva sentencia condenatoria, los tres grupos de la oposición (PSOE, IU-LV y UNPA) han acordado solicitar un pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes, 25 de septiembre, y en el que exigirán a la alcaldesa, María Casado (PP), que “abone de su propio bolsillo los costes de los salarios de tramitación a los que la sentencia obliga y que ascienden a 14.787,36 euros”.
El grupo socialista recuerda que desde Casado está al frente de la Alcaldía “ha derrochado más de 60 millones de las antiguas pesetas de dinero público, sin contar los gastos derivados de la contratación de abogados externos para su defensa, en sufragar sentencias similares por despidos”.
“Siempre ha intentado, que no conseguido, tanto despedir a aquellos trabajadores que consideraba más molestos como contratar a otros que supuestamente podrían ser más afines familiar o políticamente hablando”, indica el PSOE, recordando en este último punto la imputación de la regidora por una presunta contratación irregular.
Un cortijo
Por su parte, Izquierda Unida - Los Verdes atribuye esta indemnización que en total asciende a 38.000 euros a la “intervención” de la alcaldesa, María Casado (PP), de quien el grupo de la oposición dice que considera el Ayuntamiento “como su cortijo, si bien los gastos no los paga ella sino el conjunto de los contribuyentes alpedreteños”. IU-LV recuerda que los propios técnicos municipales ya habían advertido de la improcedencia del despido.
De este modo, indica la coalición, “se pone de manifiesto una vez más qué significa la austeridad para la alcaldesa”. En este capítulo hacen referencia a la “desmesurada subida de sueldo” que el Ejecutivo aprobó al inicio de la legislatura; al “regalo a la iniciativa privada de todos los servicios posibles debido a su manifestada ineptitud para gestionarlos”; a la ausencia de iniciativas para dinamizar la economía local; y a “malgastar los escasos recursos económicos del Ayuntamiento”.
Desde UNPA también responsabilizaron directamente a la alcaldesa por el resultado de esta sentencia: “Si hubiera hecho caso a los informes elaborados por los técnicos municipales en los que se establecía la indemnización legal que debía percibir la trabajadora por su despido improcedente, ésta no habría tenido necesidad de acudir a la Justicia en demanda de amparo, y el Ayuntamiento no tendría la obligación de pagar los salarios de tramitación a los que ha sido condenado”, indica este grupo.
Por su parte, el Ejecutivo ha indicado que con esta resolución judicial se pone fin a un “a un lamentable episodio que comenzó el pasado mes de diciembre en el Ayuntamiento de Alpedrete, cuando no se renovó el contrato a una trabajadora por no ser ya necesario y que estaba costando a las arcas municipales cerca de 30.000 euros anuales”. La afectada, recuerdan estas mismas fuentes, presentó una denuncia por acoso laboral contra el Consistorio, la alcaldesa, la edil de Desarrollo Local y una compañera. “Después de unos meses muy duros en los que las personas demandadas han sufrido un injusto ataque por parte de los grupos políticos de la oposición”, añade el Equipo de Gobierno en un comunicado, el Juzgado de lo Social ha indicado que no ha existido “ninguna clase de acoso hacia dicha trabajadora”. Igualmente, el PP destaca que el despido no ha sido considerado nulo, sino improcedente, por lo que “sólo tendrá derecho a percibir 23.168,60 euros en concepto de indemnización por los años trabajados, más salarios de tramitación”.
La alcaldesa, satisfecha
“La oposición, lejos de pedir disculpas, pretende ahora que sea la alcaldesa quien corra con los gastos del juicio, solicitando la celebración de un pleno extraordinario del que ya se sabe el resultado y que costará al Consistorio cerca de 2.000 euros [en concepto de dietas por asistencia a la sesión] tirados a la basura”, indican estas mismas fuentes.
Finalmente, la regidora alpedreteña .ha mostrado su satisfacción “al quedar demostrado que en este Ayuntamiento no hay acoso laboral”.