El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El acusado de provocar con dos mecheros siete fuegos en la localidad de Galapagar en agosto de 2009 ha negado que hubiera sido el autor de los incendios y ha asegurado en el juicio que quemó delante de las cámaras la copia de su declaración tras salir de la Guardia Civil al estar indignado por su detención.
Delito continuado
Sergio S. R. está siendo juzgado en la Audiencia Provincial por un delito continuado de incendios forestales. La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión al estimar que provocó los incendios de forma intencionada, sin que hubiera riesgo para producir daños humanos. Por ello, se aplica el tipo básico del delito.
En la exposición de los hechos, el abogado del procesado ha recalcado que su cliente no fue el autor de los siete focos de esos fuegos y ha manifestado que éste está indignado por la acusación, ya que él sólo solía montar en bici por la zona.
En su declaración, el hombre ha relatado que vivía en Galapagar y ha señalado que el día de su detención fue a dar un paseo para despejarse y comprar tabaco. En un momento determinado, la Guardia Civil le detuvo como autor de los fuegos provocados ese mismo día.
“Tras la declaración, estaba indignado. La quemé delante de las cámaras porque me decían que me iban a volver a detener. Había cuatro malas hierbas”, señaló el acusado, negando que hubiera provocado los citados fuegos.
En el escrito de acusación, el fiscal relata que el procesado recorrió en bicicleta distintos parajes de Galapagar con dos mecheros con el fin de “causar fuegos que se propagasen en terrenos forestales”. De este modo, prendió fuego a siete terrenos forestales, afectando a una superficie total de 446 metros cuadrados. Estos hechos se produjeron en dos fincas conjuntas.
Fuego junto al cuartel
Tras ser identificado por la Guardia Civil de Galapagar, el acusado acudió voluntariamente a declarar por estos hechos. Tras ello, utilizó la copia de su declaración para prender fuego e iniciar un nuevo incendio en los pastos colindantes al cuartel.
Por ello, el fiscal considera que procede poner al acusado una pena de cuatro años de prisión y una multa de 16 meses con cuota diaria de 6 euros. Además, deberá devolver 299 euros a la Comunidad de Madrid en concepto de los gastos por los helicópteros empleados para apagar las llamas.