El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
“En su afán por intentar preservar los espacios públicos como lugares de convivencia y civismo, el Ejecutivo popular está decidido a hacer cumplir la ordenanza aprobada a tal fin, cuyo reglamento contempla sanciones económicas que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros. Aunque el alcalde haya dicho que el objetivo no es recaudar, sino preservar los espacios públicos -¡ya era hora!-, no creo que piense lo mismo la dueña/o del perrito de turno cuando sea multado con hasta 1.500 euros por no recoger los excrementos dejados por su can en la acera, algo hasta ahora bastante habitual en nuestra ciudad. Y ya que hablamos de concienciar al vecino, el Ayuntamiento, para dar ejemplo, debería colocar previamente dispensadores de bolsitas de plástico para destinarlas a este fin , dice Lobo Cojo. ¿Y qué se debe hacer con esos energúmenos cuya única obsesión, sobre todo los fines de semana, es destrozar el mobiliario urbano y cuanto encuentran a su paso? Aquí, en vez de los 3.000 euros de sanción, lo más saludable sería obligarles a realizar trabajos de reinserción social en favor del colectivo ciudadano, que es quien a fin de cuentas paga tales desmanes. En fin, confiemos que con un poco de palo y otro poco de zanahoria se arregle el problema. No quisiera finalizar esta columna sin antes pedirle disculpas a mi admirada Julia por si la he ofendido al calificar de “potentados y privilegiados” a quienes aún tienen el ‘derecho’ a trabajar en nuestro país. Con más de seis millones de parados y dos millones de familias viviendo de la caridad, ¿qué calificativo le darías tú a los que aún mantienen un trabajo fijo y cobran un sueldo todos los meses? Me lo digas”.