Justos por pecadores

Una vez más los rigores de la crisis se ceban en aquellos cuyo único delito ha sido esforzarse en sacar una oposición que los situase al servicio de la función pública. Hablo de los funcionarios. De todos ellos.

No sólo de los que pueden ganar más de dos mil o tres mil euros al mes (los menos), sino de la inmensa mayoría de mileuristas que apenas logran llegar a final de mes. Primero les congelaron los sueldos. Luego se los rebajaron entre un cinco y un 15 por ciento y ahora, cuando ya se habían acostumbrado a olvidarse del IPC y a hacer malabarismos con sus escuálidos sueldos, pierden la siempre ansiada paga extraordinaria de Navidad (o sufren una nueva reducción del 7%, como prefieran). Esa que destinaban a hacer los arreglos que no podían esperar más, o a cubrir las deudas acumuladas el resto de los meses. Así sobreviven y malviven los que mantienen los servicios públicos que sustentan el Estado de Bienestar que todos disfrutamos en mayor o menor medida. Los mismos que hace solo unos años respetaban con su silencio la lujosa vida que llevaban sus vecinos versados en las artes y los oficios profesionales más variados, los que apostaron por una forma de vida digna y alejada de todo lujo.

Hay quienes entienden este nuevo castigo a nuestros funcionarios como una forma de justicia divina frente al delito de haber aprobado unas oposiciones que aportan estabilidad (cada vez más lastrada y deteriorada). Pero esto es solo fruto de un arrebato incontrolado de frustración compartida (la OCDE augura un 25% de paro en 2013, por lo que uno de cada cuatro españoles se van a ver afectados). Digo esto porque las encuestas parecen indicar justo lo contrario. Véase la publicada por la web de ECG, o la última de Metroscopia, que revela que la nota más alta con la que la opinión pública calificaba la labor de los diferentes colectivos, grupos sociales e instituciones en manos de médicos, profesores de enseñanza pública, la Policía y la Guardia Civil. Los funcionarios en general superaban el aprobado (llegando casi al notable) y Cáritas, la Universidad y las Fuerzas Armadas rivalizan con las ONG. La peor nota se la queda, al fondo de la lista, los bancos y los partidos políticos (donde habrá de todo, digo yo). Pero ahí están los datos y las personas que los aportan.

Si en alguna de las administraciones el número de funcionarios ha aumentado de manera exponencial en los últimos años, estúdiese el motivo, el detonante o el responsable del desatino y, en caso necesario, actúen en consecuencia y repárese la irregularidad. Pero no permitan por un desorden partidista o interesado que esto lo paguen las familias de quienes, bajo el filtro del mérito y la capacidad que otorga una oposición, garantizan el funcionamiento de nuestros servicios e instituciones públicas y soportan la estructura del Estado.