El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
El conflicto del carbón, tan saturado de ensoñación, tiene una realidad más cruda y debe responder a una pregunta más clara: ¿Hay que subvencionar por los siglos de los siglos a los mineros y a sus patronos para que vivan del contribuyente?
El problema del carbón en España viene de antiguo; se agravó con el franquismo cuando Girón decretó la preferencia de los hijos de los mineros para trabajar en la mina y se remató con los planes iniciados en 1990 y que finalizan en 2018. Como consecuencia de todo esto, mineros y empresarios son subvencionados de lujo (23.107 millones de euros entre 1990 y 2012) para quienes la mina y sus cuencas deben ser para ellos, sus hijos, sus nietos y los descendientes de sus descendientes. Estos días hemos escuchado a las mujeres de los mineros preguntar ¿Si se cierra la mina, a donde vamos nosotros y nuestros hijos? Pues señora, a donde hemos ido los demás: a otros lugares y sectores. ¿Por qué la familia de un minero debe ser más importante que cualquier otra? ¿Acaso el Estado tiene que subvencionar también las empresas y los puestos de trabajo de todos los españoles para que sus hijos puedan trabajar en lo mismo que sus padres, en el mismo sitio y con salarios de 3.000 euros/mes? La patronal del carbón (Victorino Alonso y Manuel Lamelas Viloria) ha responsabilizado al Gobierno del inminente cierre de la minería y azuzan a los mineros porque ven peligrar los beneficios de sus empresas (Unión Minera del Norte, Coto Minero Cantábrico e Hijos de Baldomero García), incluso con advertencias tales como: “Creo que se solucionará el conflicto, porque si no habrá que tomar medidas más duras que ni yo mismo me atrevo a decir”, ha afirmado el prepotente Manuel Lamelas. La respuesta de Rajoy ya la conocen.