El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Un calvario de más de 15 años. Ésa es la situación que relata Mónica Martínez, vecina de Moralzarzal, cuyo hijo Adrián sufre parálisis cerebral como consecuencia de lo que ella califica como “una deficiente actuación médica del Hospital Clínico San Carlos”.
“Tras denunciar el caso por negligencia, y esperar más de 13 años a que se celebrara el juicio, el fallo absolvió a los acusados de toda responsabilidad. Una sentencia que consideramos totalmente injusta a la luz de los hechos”, indica la afectada, quien explica que su embarazo se desarrolló con normalidad, con las habituales ecografías y monitorizaciones. Cuando el embarazo superó las 41 semanas, explica, fue ingresada el 11 de noviembre de 1996 con la idea de que el parto fuera provocado. Tres días después, explica, pasó por segunda vez a la sala de dilatación, con goteo de oxitocina y monitorización.
“En todo momento la matrona que me atendía me dijo que el niño estaba en primer plano (después me informé que esto significaba que esta muy arriba). A las 12.00, más o menos, me rompió la bolsa y pasó a monitorizarme directamente en la cabeza del niño. Al poco tiempo, la monitorización empezó a pitar (la matrona me dijo que no me preocupara) y las contracciones eran ya muy fuertes. Sobre las 13.00, después de ayudarme a empujar, la matrona me dijo que ya teníamos que pasar a la sala de partos, que no podíamos esperar más y que iba a avisar a un celador. Me dijo también que mientras volvía, debía empujar una contracción sí y otra no, para que el niño no sufriera tanto. Al rato volvió con el celador y me quitaron la monitorización para llevarme a la zona de partos”, recuerda Mónica.
Esperando de pie
Sin embargo, la sala estaba ocupada, por lo que fue trasladada a un quirófano. “La matrona se fue, dejándome sola, con contracciones de parto (y sin epidural, pues en aquella época no se ponía), para ver si la sala de partos ya estaba vacía. Al rato volvió, y me dijo que ya podíamos ir. Llamó a un celador, pero le dijeron que tardaría un poco. Me preguntó si podía andar, ya que no podíamos esperar tanto, por lo que me puse de pie, descalza y fuimos hasta la sala de partos. Cuando llegamos, la señora que estaba dando a luz todavía seguía allí y tuve que esperar en la puerta, de pie, a que terminara, la sacaran y después, a que limpiaran la placenta. Cuando todo esto terminó, me pasaron al paritorio y la matrona se fue”, indica.
Monitorización
Asegura que, después, “nadie se ocupó de ponerme de nuevo la monitorización, como exige el protocolo”. “Estuve allí empujando durante largo rato, pero no conseguía nada. Una de las enfermeras intentó ayudarme en una contracción y le dijo al médico que estaba empujando bien. Más tarde, volvió la matrona y desde la puerta dijo ¿pero que hace esta señora todavía aquí?. Al parecer, el personal que me había atendido dentro del paritorio no tenía conciencia de la urgencia con la que me había llevado la matrona”. Desde ese momento, prosigue, le pusieron de nuevo la monitorización, además de avisar a un médico y al jefe de guardia, quien, según indica Mónica, les reprochó la tardanza. “A partir de ese momento comenzaron las prisas: me dijeron que me iban hacer una cesárea”, añade.
Adrián nació a las 17.12, horas después de los primeros signos de sufrimiento fetal. En el informe se reflejó “sufrimiento fetal agudo” y una “posible desproporción pélvica cefálica”, causa probable de que, a pesar de empujar bien, Mónica no consiguiera dar a luz.
“Mi hijo actualmente tiene 15 años y parálisis cerebral provocada por el sufrimiento fetal. No anda, ni habla, usa pañales y tiene que comer todo en purés. Con sus 15 años sigue siendo como un bebé. La parálisis cerebral le afecta sobre todo al movimiento. Aunque no puede comunicarse, dentro de sus grandes limitaciones él entiende perfectamente lo que le pasa. Esto es un sufrimiento añadido, al ver como él quiere jugar con sus primos o hacer las cosas normales de un niño, y que no puede y nunca podrá hacer”, afirma.
El protocolo médico
Después pusieron una reclamación judicial por una presunta negligencia, señalando que la asistencia sanitaria fue “deficiente” y que estuvo sin monitorización “durante muchas horas”. A esto añade que la matrona que la dejó en el paritorio no se aseguró de que el personal conociese que se habían detectado signos de sufrimiento fetal y, en definitiva, “por tardar varias horas en practicarme una cesárea, cuando el protocolo médico dice que a los 10 minutos de sufrimiento fetal, si no remite, hay que hacer cesárea”.
Las acusadas fueron las dos matronas que asistieron a Mónica en el parto, dentro de un proceso judicial que sufrió continuos retrasos hasta que el juicio finalmente se celebró en enero de 2010, 13 años después del nacimiento de Adrián.
“Los médicos que declararon reconocieron que las cosas no estaban bien hechas”, asegura Mónica Martínez, mientras que las matronas, continúa, indicaron que estuvo monitorizada “todo el tiempo y que seguramente se habría perdido el registro que faltaba desde que me quitaron la monitorización en la sala de dilatación hasta que me la volvieron a poner poco antes de practicarme la cesárea, que obviamente no podía aparecer porque no existe, al estar todo ese tiempo sin monitorización. El fiscal también consideró que existía delito y pidió la condena de las dos matronas”.
Indemnización
Un mes antes de la vista, Mónica explica que uno de los abogados de las aseguradoras de las acusadas se puso en contacto con ellos para negociar. “Nos ofrecieron darnos una indemnización bastante elevada para que nos retirásemos como acusación. Nosotros aceptamos, ya que la indemnización nos permitiría proporcionarle a Adrián algunos tratamientos costosos que pueden ayudarle en su rehabilitación y también asegurarle una solvencia económica en su futuro, dado que es improbable que alguna vez en su vida pueda trabajar. El abogado de la aseguradora nos dijo que tenía que hablar con la otra, ya que tendrían que pagar entre las dos”, recuerda. Pasados unos días, y sin haber tenido noticias, la abogada de Mónica llamó al letrado de la acusación: “Habían cambiado radicalmente de opinión, sin ningún motivo aparente. De malas formas nos dijeron que habían decidido no pagar nada”.
Cambio de opinión
En cuanto al desarrollo del juicio, Mónica se mostró especialmente sorprendida por la declaración del médico forense del juzgado. “Unos años antes, cuando se estaba preparando todo el material para el juicio,hizo un informe sobre nuestro caso, el cual era muy favorable hacia nosotros. Sin embargo, en el momento de declarar, esta médico también cambió radicalmente de opinión, diciendo que no había negligencia, si bien quedó demostrado que dicha forense no había tenido a su disposición todas las monitorizaciones y le falta precisamente la última, en donde se objetivaba el sufrimiento fetal agudo”. Ella, añade, “fue el único médico de los que declararon que dijo esto. Los otros facultativos eran ginecólogos, ella medico forense sin especialidad ginecológica”.
Finalmente, la juez dictó sentencia, absolviendo a las acusadas, basándose para ello en la declaración de las matronas y de la médico forenses, “ignorando el resto de las declaraciones de los médicos del hospital, a los que avisaron muy tarde, y de los peritos y especialistas”. “Tampoco tuvo en cuenta lo que indica el protocolo médico, ni mi declaración, ni las pruebas que presentamos, ni que mi embarazo era de alto riesgo por ser de gestación prolongada, por haberme aplicado oxitocina para facilitar la dilatación, por haberme rota la bolsa, cuando el líquido amniótico además no era limpio y tenía meconio, etc”.
Daño irreversible
Por todos estos motivos, concluye Mónica, “debía haber estado monitorizada de forma continua y con un control de personal médico, tanto por matronas como por médicos, y la realidad es que no estuve monitorizada todo el tiempo, que no hubo un control de mi estado ni de mi hijo y que ello llevó a que se interviniera demasiado tarde, cuando el daño ya era irreversible”.
Sin embargo, y pese al sufrimiento de estos años, Mónica no tira la toalla, trabajando actualmente en la presentación de una nueva reclamación por vía administrativa.