El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Apartir del lunes, entrará en vigor el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Con ello no es difícil predecir que cada uno de los asegurados de este país vamos a tener un peor nivel de salud y nuestro sistema nos costará más.
Primero porque este deja de ser universal y pasa a ser de disfrute de los que gocen de la condición de asegurados, pareciéndose más a un seguro privado, financiado a través de la aportación de los usuarios, algo muy grave si tenemos en cuenta que la salud pública de los que residen en un país no depende sólo de cuánto se cuiden, sino que tiene que ver con la de los otros que en él conviven. Un ejemplo muy claro: la esperanza de vida del ciudadano más rico de la República del Congo, hasta ahora, no es mejor que la de un ciudadano de clase media-baja en España, gracias a la política de salud pública universal que nos hemos dado. Romper esto, supondría tener peores niveles de salud y sistemas sanitarios mucho más caros.
En España el gasto sanitario público es del 9,5 del PIB, inferior a los países como Francia (11,8), Alemania (11,6) Portugal (10,1) o el Reino Unido (9,8). Y si se compara con un sistema como el americano, basado en aseguradoras privadas, esas que dicen que gestionan tan bien la sanidad, la cifra es alarmante (16,2) con una esperanza de vida de tres años más a favor de nuestro país. Si esto ha sido así hasta ahora se debe a la apuesta decidida por la atención primaria y por una sanidad universal. Aumentar los desequilibrios que ya existen, porque el sistema dista mucho de ser perfecto y podría dotarse de muchísima más eficacia, va a encarecer el sistema y va a abrir caminos a la privatización.
En segundo lugar está el copago farmacéutico. Aunque este contiene un aspecto positivo, pues los parados que hayan agotado las prestaciones sanitarias quedan exentos de aportación, se introduce el aumento de la misma para el resto de los usuarios, diferente y adicional al que ya hacían a través del impuesto de la renta. Culpabilizar al usuario del gasto es la razón de incluir este nuevo pago. Sin embargo no existe ningún estudio que demuestre que éste tipo de política reduzca el llamado gasto farmacéutico, que sí fomenta las desigualdades ya existentes. Y como toda medida económica, siempre perjudicará a los más pobres, que son los que disfrutan de peor nivel de salud. Hay muchas familias en paro a las que están sosteniendo económicamente los abuelos con sus pensiones. A partir de ahora, van a tener que contribuir con una parte de estas para los medicamentos que precisan y que afectará a casi dos millones de familias que tienen a todos sus miembros en paro. Por eso la sensación que uno tiene es que hay una falta de voluntad política para acometer una reforma profunda, sin menoscabar la necesaria universalidad y solidaridad de un sistema sanitario como el nuestro que va a terminar por resquebrajar lo que tanto tiempo tardamos en conseguir.