El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
“Asqueado, hastiado y avergonzado. Así se sentía un guardia civil de tráfico que había decidido abandonar la Agrupación haciendo públicas sus razones en una carta enviada a la web de ‘El Antirradar’. En su misiva, según recogía ‘El Confidencial.com’. (11-01-2012), el agente enumera las penurias de un colectivo en el que cada vez más miembros están optando por pasarse al Servicio Rural aun sabiendo que cobrarán menos y trabajarán con peores medios, además de poner negro sobre blanco las razones de la mala relación entre Guardia Civil y la Dirección General de Trafico, que utiliza a los agentes como instrumento represivo frente al ciudadano, en lugar de dedicarse a prevenir accidentes o favorecer la relación con los conductores. La gente conduce acojonada, agarrotada, porque los ciudadanos empiezan a mentalizarse de que los guardias civiles son unos impresentables que sólo se dedican a ‘atracar’ a los conductores”.
Sirva este comentario como preámbulo a un reportaje que es consecuencia de las quejas de muchos de los usuarios habituales de la M-608, una de las carreteras más transitadas de la Comunidad de Madrid, que une las localidades serranas de Collado Villalba, Moralzarzal y Cerceda, hasta su confluencia con la de Colmenar Viejo-Navacerrada. Según los denunciantes, esta vía, sobre todo en los dos últimos años, se ha convertido en algo así como la ‘Milla de Oro’ para el destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Collado Villalba en su actividad recaudatoria en favor de las arcas del Estado. Y fundamentan este calificativo en los numerosos controles que a diario se pueden observar en un tramo de apenas ocho kilómetros, que es el que separa el municipio villalbino de Moralzarzal donde, además de los controles de alcoholemia, el radar hace estragos, mientras los agentes del cuartel de Cerceda ponen su granito de arena con controles aleatorios de ‘identificación’ en los que requieren a los conductores el carné de conducir, DNI, la ITV, además de comprobar el estado de las ruedas, los retrovisores, etc. Sobre este asunto, un agente de Tráfico, actualmente en la reserva, confesaba a este periódico su preocupación: “Se está creando una Agrupación de Tráfico al servicio del poder y nunca del pueblo, de ahí que los compañeros se sientan muchas veces obligados a dar la cara ante unos ciudadanos hartos de sostener con su bolsillo los desmanes de los gobernantes ineptos”.
Y de esto es precisamente de lo que se quejan muchos de los conductores serranos que, además de tener que pagar cada día más impuestos y un combustible a precio de oro, se sienten acojonados cuando se montan en su coche y piensan en que a la vuelta de la esquina se pueden encontrar con uno de estos ‘recaudadores uniformados’, con un radar escondido entre los arbustos o un trípode disfrazado de ‘caperucita roja’.
Controles exhaustivos
Durante dos semanas este periódico ha podido observar el ‘celo’ mostrado por los agentes del destacamento de Tráfico de Collado Villalba en su laborioso quehacer en la M-608, sobre todo a la hora de ubicar los controles de alcoholemia y velocidad de los vehículos que transitan por esta carretera. Así, hemos comprobado cómo los fines de semana, o días coincidentes con la celebración de alguna fiesta en el entorno -Olé Moral o fiestas de San Antonio, patrón de Collado Villalba Pueblo, por ejemplo-, se extremaban los controles de alcoholemia, ubicados siempre en el mismo punto, es decir en la rotonda del cementerio villalbino, a la altura de la calle del Santo, un lugar que al menos por la noche no parece el más adecuado para desarrollar esta labor, al tratarse de un tramo sin apenas luz y con poca visibilidad, que incluso podría poner en peligro la integridad física de los agentes, obligados a cumplir las órdenes que aparecen en la papeleta de servicio. En esta misma vía, dirección Moralzarzal, también es habitual encontrarse con el coche radar, unas veces estacionado a la entrada o salida de la estación de servicio (actualmente cerrada), situada a pocos metros de la zona conocida como ‘Entretérminos’, una larga recta donde la velocidad máxima está limitada a 70 kilómetros por hora. Y no se sorprendan si ven poco después a este mismo vehículo estacionado en las inmediaciones de una vía de servicio de varias urbanizaciones moralzarceñas, situada a muy pocos metros de la rotonda donde se encuentra un monolito de granito con el nombre de este municipio, y donde la velocidad máxima autorizada es de 50 km/h. Como se pueden imaginar, aquí la ‘pesca’ siempre suele dar buenos resultados, o al menos eso pudimos apreciar al ver el número de vehículos parados más adelante, donde los agentes procedían a imponerles la correspondiente sanción, multa que verá reducido su importe en un 50 por ciento por pronto pago. Sobre este ‘punto negro’ para el bolsillo de los conductores, hemos de decirles que los vecinos de Moralzarzal lo consideran como una venganza de la Dirección General de Tráfico contra este pueblo, porque hace varios años fue colocado en esta misma zona un radar fijo que, hasta su retirada definitiva, fue víctima de continuos destrozos.
En una situación tan crítica como la que atraviesa nuestro país, es comprensible que abunden las suspicacias, sobre todo en aquellos asuntos que estén relacionados con los temas económicos, y por eso a casi nadie le sorprende escuchar acusaciones tales como que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han convertido en recaudadores al servicio del Estado. Al respecto, el escritor y filosofo Antonio García Fuentes escribía hace apenas unos meses: “No sólo [el Gobierno] nos ha cargado con los diferentes cuerpos de inspección de los miles de departamentos, nacionales, regionales, provinciales e incluso locales, sino que ademas, hasta el cuerpo que más prestigio tiene en España para su seguridad nacional (la Guardia Civil), quieren emplearlo de simple y vulgar recaudador de nuestros impuestos, ya que las multas de tráfico no son otra cosa que una forma más de desvalijarnos el bolsillo”.
La Asocación Unificada de la Guardia Civil asegura que esto se evitaría eliminando los complementos de productividad con que se premia la labor de los agentes en función del número de multas impuestas durante su jornada laboral.