El derecho a una vivienda

Es un claro atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas que se siga desahuciando a familias y dejándolas en la calle sin sus viviendas porque no pueden hacer frente a sus cuotas mensuales, mientras tanto a las entidades financieras se les prima con el dinero público, por las pérdidas de sus cuentas de resultados y que luego utilizan para despedir, con indemnizaciones millonarias, a sus gestores y miembros de los consejos de administración. Confiemos que en esta ocasión los 100.000 millones de euros que acaba de conceder el Eurogrupo en concepto de rescate a las instituciones financieras españolas que atraviesan por serios problemas económicos, sean destinados, tal como indicó el pasado sábado el Ministro de Economía Luis de Guindos, a sanearse y a conceder créditos a empresas y familias, porque lo contrario sería una tomadura de pelo imperdonable.

Es momento pues, para poner el punto y final a tanta hipocresía y para obligar a nuestros responsables públicos a desarrollar lo establecido en la ley de leyes, concretamente en su artículo 47, “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Ya no son tiempos de quedarse en estúpidas críticas a los banqueros y políticos sin más. Es hora de tomar parte activa en las decisiones públicas que afectan y, en muchas ocasiones perjudican a todos los ciudadanos. Es humillante que las familias se tengan que quedar en la calle, sin vivienda, y al mismo tiempo se mantengan las deudas contraídas con las entidades financieras. Es convenirte recordar que cada día se producen en España una media de 159 desahucios de viviendas por el impago de la hipoteca o el alquiler y hasta el 82% de los desalojos tienen lugar en familias con menores a su cargo que, en la mayoría de los casos, carecen de otra alternativa de residencia. Tanto es así que en los cinco primeros meses de este año ya hubo más familias desahuciadas que en 2011. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. No dejemos que estos derechos sigan quedando en papel mojado.