Opinión

Un discurso confuso e interesado

José M. Asencio Mellado (*)

El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
No sé exactamente si los eslóganes políticos se hacen desde la ignorancia, alimentada por la vagancia de ni siquiera consultar la ley o, simplemente, desde la conciencia plena de la falsedad de lo que se manifiesta, con ánimo de influir en los más elementales deseos de parte de la ciudadanía, para confrontarla con la opuesta, creando o manteniendo una división frontal rentable electoralmente.

No lo sé con seguridad, pero me preocupa fundamentalmente que el discurso de bajo relieve sea el método escogido como instrumento ordinario de hacer ‘política’ máxime ahora que los medios de comunicación de masas permiten una proyección tan amplia, como inmanejable de las consignas que se transmiten.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, con una falta de prudencia calculada, ha instado a los Ayuntamientos y en muchos de ellos sus concejales han secundado inmediatamente la consigna, a exigir a la Iglesia el pago del IBI, induciendo a los ciudadanos al error de que pueden tales entes locales hacerlo si así lo desean y desviando la atención de muchos hacia una cuestión compleja que necesitaría de mayores análisis, pues, con una simple mirada a la legislación española acerca de las múltiples exenciones tributarias existentes, se puede apreciar que la cuestión no es baladí, especialmente porque una decisión que afecta a la Iglesia Católica en este concreto impuesto, además de requerir la denuncia de un Tratado Internacional que el PSOE mantuvo inalterado durante su gobierno, exigiría la modificación de otras muchas normas. Tal reforma, en todo caso de leyes estatales, no de normas locales, debería afectar, si se quiere un debate profundo sobre la cuestión y no mantener para uno lo que se niega a otros, a muchas instituciones, fundaciones, partidos y sindicatos cuyos privilegios fiscales son amplísimos. La Ley de Mecenazgo y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, entre otras, establecen tantas exenciones tributarias a tantas organizaciones sin ánimo de lucro, que limitar la cuestión de la Iglesia es puro voluntarismo y, desde luego, negar a la Iglesia en exclusiva lo que a otras se concede, sin atender a la función social que realiza o sin equiparar el fenómeno religioso o similares valores que conforman la personalidad, podría constituir un acto contrario al derecho a la libertad religiosa y a la igualdad. Porque, aunque se denunciara el Concordato, si se mantiene la Ley de Mecenazgo, la Iglesia mantendría la casi totalidad de sus exenciones fiscales, exactamente igual que otras muchas organizaciones.

Bien podría el PSOE ser honesto y afirmar claramente que lo que se pide, además de buscar titulares y mantener viva cierta confrontación social, es que la Iglesia Católica sea tratada de forma diferente al resto de las entidades sin ánimo de lucro y a otras confesiones religiosas, a las cuales no se hace referencia alguna en sus denuncias; que diga expresamente que lo que demanda no es una transformación del sistema de exenciones tributarias en su conjunto que tan bien viene, por ejemplo, a los partidos políticos y a los políticos; que diga que ese debate amplio no le interesa; que diga que su propuesta no se extiende a otras organizaciones sociales, ni a las fundaciones de los partidos bajo cuyo nombre se escrituran muchos inmuebles de los partidos para defraudar el IBI y que, al igual que los partidos, no pagan impuesto de sociedades.

Si lo que quiere decir Óscar López es que la Iglesia debe pagar el IBI de los inmuebles no eximidos de dicho impuesto por la Ley de Mecenazgo, que lo diga así, pero que a la vez explique que esos, los no exentos por ley, los obligados al pago, ya lo pagan. Porque la confusa consigna del señor López y las mociones de sus concejales, llevando el tema a los ayuntamientos sin una previa modificación de las normas estatales, viene a identificarse con una denuncia calumniosa de que la Iglesia no paga lo que debe según la ley vigente. Solo eso, exigir el pago de lo que no está exento, es lo que pueden hacer los ayuntamientos sin cambiar la legislación española. Nada más hay tras tanta algarabía ante instituciones incompetentes: nada práctico y mucha irresponsabilidad en una reivindicación inconsistente en los términos expuestos y sospechosa en quien nada hizo al respecto cuando pudo, que fue mucho y hace poco. Parece que ahora ha visto una luz que durante años no le iluminó, lo que rezuma hipocresía, banalidad y falta de solidez ideológica, pues la ideología debe ser siempre más sólida y menos manipulable y relativa.

Entremos de lleno en la cuestión y si de verdad se quiere un debate sobre impuestos y exenciones, hablemos de todos, con urgencia y sin miedo. No nos limitemos sólo a la Iglesia que, por ejemplo, no contrae créditos que se condonan por entidades bancarias que posteriormente se sanean con dinero público. Si tras este debate público, se estima que hay que denunciar un Tratado, el Concordato, se denuncia. Y si hay que cambiar la Ley de Mecenazgo y la de financiación de los partidos, se cambia. Pero, que la reforma afecte al sistema en su conjunto, absolutamente inaceptable, no solo a los católicos. Yo pido públicamente este debate y que se acabe con todos los privilegios fiscales, también con los de la Iglesia en tal caso. Sea valiente el PSOE y proponga esa reforma global. Con seguridad que los ciudadanos, todos, le apoyarían sin reservas.

(*).- Catedrático de Derecho de la UA