Villalba, un año después

El pasado 22 de mayo se cumplió el primer aniversario del vuelco electoral protagonizado por los vecinos de Collado Villalba que, en el ejercicio de su derecho constitucional, decidieron retirar la confianza depositada durante tres legislaturas consecutivas en el anterior gobierno socialista presidido por José Pablo González Durán, tras apostar mayoritariamente por la candidatura popular encabezaba Agustín Juárez, un político poco conocido a nivel popular y carente de ese ‘pedigrí’ localista que tanta influencia había tenido hasta entonces entre una gran mayoría de los electores villalbinos a la hora de elegir a su primera autoridad local. Prueba de ello son los numerosos votos recibidos durante siete legislaturas por los dos ya ex regidores socialistas, Carlos J. López y José Pablo González, que gozaban de la ventaja sobre sus adversarios de ser ‘hijos’ del pueblo.


Agustín Juárez, que ahora cumple su primer año de gestión al frente de la Alcaldía, fue una apuesta del PP de Madrid para intentar recuperar la gobernabilidad del municipio más importante de la Sierra del Guadarrama. Su incorporación a la política activa en esta localidad (abril de 2007), provocó en la familia popular local un daño colateral importante, al convertir en víctima de los ‘intereses palaciegos’ a Julio Henche, presidente local y candidato por entonces a la Alcaldía. El hecho de que Henche se negase a incluir en su lista a dos ‘recomendados’ impuestos por Madrid (uno de ellos era Juárez), provocó no sólo su destitución, sino la derrota de su partido, otra vez liderado por la incombustible Carmen Rodríguez. El PP perdió un gran político y un magnífico gestor (Julio Henche) para ganar, cuatro años más tarde, una Alcaldía deseada y un regidor (Agustín Juárez), que después de tener que afrontar una larga travesía por el desierto de la oposición, consiguió tras un laborioso y minucioso trabajo en la calle lo que a muchos se les antojaba como algo imposible: ganar las elecciones en Collado Villalba y, además, consiguiendo casi el 50 por ciento de los votos emitidos el 22-M.

Pero las dificultades para Juárez y su grupo municipal empezaron cuando a primeros de junio accedieron a la gobernabilidad de un Ayuntamiento que, sobre todo en el apartado económico, vive el peor momento de su historia, al arrastrar su tesorería un déficit superior a los 120 millones de euros, un panorama bastante desolador, sobre toda la hora de intentar cambiar la inercia generada por 12 años de desgobierno, despilfarro y prepotencia a raudales. Aún así, el Ejecutivo popular, sin prisas pero también sin pausas y aguantando estoicamente las críticas de algunos de sus antecesores en el gobierno, ha colocados los primeros pilares necesarios para empezar a abordar iniciativas tan necesarias como aquellas encaminadas a amortizar la deuda heredada, siendo en todo momento conscientes, y así lo han puesto de manifiesto, que no es fácil gestionar un Ayuntamiento que tiene la mayor parte de sus recursos hipotecados por las deudas contraídas. Esta grave falta de liquidez les ha obligado a afrontar de la mejor manera posible algunos planes de ajuste, de estabilidad presupuestaria y de equilibrio. Incluso han tenido que ‘lidiar’ un impopular Expediente de Regulación de Empleo (ERE), autorizado por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que ha afectado a 39 trabajadores municipales de los 70 previstos inicialmente.

Pasado, presente y futuro
Aunque parezca una excusa hablar de la herencia recibida es inevitable hacerlo, sobre todo a la hora de analizar la precaria situación en la que se encuentra un Ayuntamiento que protagonizó a la perfección el papel de cigarra en tiempos de bonanza, dedicándose a hinchar los presupuestos, gastando sin control y dejando en el cajón contratos y concesiones vencidas (Teatro Malvaloca o nuevo edificio de la Policía Local). Agustín Juárez y sus compañeros de Gobierno bastante han hecho con mantener en vigor la mayoría de los servicios públicos, aunque para ello hayan tenido que administrar al límite sus exiguos recursos, reajustando al máximo los gastos, porque como me comentaba recientemente un edil popular “sólo se puede gastar lo que se tiene”. Ellos saben perfectamente que sólo recorriendo a la austeridad se puede aumentar la eficacia, aunque los contribuyentes que pagan religiosamente sus impuestos no entiendan que el asfalto de sus calles esté en mal estado, que la limpieza urbana se resienta, que las fiestas no sean tan fastuosas como antaño. Los ajustes son los que marcan la situación y el Gobierno popular tiene claro que no puede seguir malgastando y dejando otra ‘pella’ a los que vengan después. Son tiempos de responsabilidad en los que ya no se puede engañar al ciudadano con promesas u obras faraónicas cuando, como sucede ahora, no se dispone de los recursos financieros imprescindibles para llevarlas a cabo. Los ajustes realizados eran necesarios e imprescindibles por mucho que nos duela, porque el Gobierno socialista que presidió durante tres legislaturas consecutivas José Pablo González vivió, sobre todo desde que estalló la burbuja inmobiliaria, por encima de sus posibilidades con una impunidad que ahora ya no van a tener los actuales regidores, obligados a responder de sus desmanes con su patrimonio personal. Y esto lo sabe el PP, que ha empezado a cimentar sus recortes con una bajada del 25 por ciento de media de los salarios de los políticos y reduciendo a la mitad el número de asesores. Ahora el alcalde cobra 66.000 euros brutos anuales, es decir, 12.000 menos que el de su predecesor, que percibía 78.000. También el recorte ha afectado a los tenientes de alcalde cuyo sueldo es de 59.000 euros por los 67.200 que tenían los socialistas. También ha disminuido sensiblemente la partida económica de la Alcaldía, al prescindir el actual regidor de los servicios de los dos escoltas (policías locales) que tenía González destinados a su seguridad personal.

Uno tiene la sensación, ojalá no me equivoque, que con este Gobierno Collado Villalba puede ir recuperando poco a poco el crecimiento vivido durante los años previos al derrumbe del sector de la construcción. Para ello es imprescindible abordar un plan de ajuste que a corto o medio plazo resulte beneficioso para los intereses de los villalbinos. La operación crediticia llevaba a cabo por el Ayuntamiento para saldar sus deudas con autónomos y pequeños empresarios locales puede provocar a corto y medio plazo unas óptimas perspectivas de futuro basadas en la creación de puestos de trabajo, lo que permitirá reducir los más de 5.000 desempleados que tiene actualmente esta ciudad.