El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Es espectacular. Las barbaridades realizadas en el ámbito público (de interés general, ¿decían?) con el dinero de los contribuyentes, o mejor dicho, con el que nunca han tenido ni tendrán. Y resulta que esta gente no responde con su patrimonio ni penalmente ante la estafa, el robo y el expolio cometido al bolsillo de los contribuyentes sin que estos puedan negarse a participar en esa locura, mientras otros se forran. Es ciertamente vergonzoso, que la gente siga demandando esto. Más público, más gestión pública, más impuestos, más intervencionismo.
En un futuro muy, muy, muy lejano, un ayuntamiento español podrá pagar su deuda. Un consistorio de un pueblo de Guadalajara ha solicitado plazo hasta el año 9.070, para poder abonar las facturas de sus proveedores. Según ha anunciado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, los expedientes estudiados desvelan que hay un Ayuntamiento que necesita 7.058 años para saldar su deuda, es decir, que más de cien generaciones tendrán que hacer frente a los gastos actuales. Pero este misterioso pueblo no está solo. Otro de la provincia de Teruel necesita 462 años para cumplir con sus proveedores. Por ello Beteta ha abogado por cambiar a fondo el sector local. “Ante un fallo del sistema”, ha dicho. Además un total de 2.004 ayuntamientos no ha presentado los planes de ajuste solicitados por el Ministerio de Hacienda y de los 2.305 registrados, 315 han tenido una valoración negativa. Ha explicado que 4.623 entidades locales presentaron casi dos millones de facturas por valor de 9.750 millones de euros y que el pago de estas ascenderá finalmente a 1.629.322 millones. Además, 2.619 consistorios remitieron los planes de ajuste, de los que 2.305 pasaron los controles y 315 no. Beteta ha anunciado que a finales de este mes estará listo el informe sobre la Ley de Bases de Régimen Local, que entre otras cosas incluirá una lista cerrada de las competencias que pueden prestar los Ayuntamientos y una potenciación de las diputaciones por prestar los servicios que las entidades locales menores no pueden afrontar con eficiencia. Después se abordará con toda seguridad la reforma de la Ley de Haciendas locales para garantizar la suficiencia financiera. Además el Gobierno prepara ayudas para animar a la fusión o integración de entidades locales, que será voluntaria, y deben llevarse acabo con el acuerdo de la Comunidades Autónomas.