El Faro | Miércoles 22 de octubre de 2014
Tras la tensa mañana vivida el pasado viernes, el desahucio previsto en una de las viviendas de la Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones (SUMTOSA), situada en la calle Las Artes, se ha retrasado hasta el 29 de junio, una vez haya finalizado el curso escolar, atendiendo así la solicitud de la familia, que tiene cuatro hijos menores de edad.
Sin embargo, el aplazamiento finalmente acordado no ha acallado las críticas contra el Ejecutivo, principalmente desde el grupo ACTÚA, cuyo voto precisamente fue decisivo para que Vecinos por Torrelodones accediese a la Alcaldía. Esta formación recuerda que su portavoz, Rubén Díaz, se reunió hace unos días con el concejal de Urbanismo -vicepresidente de SUMTOSA-, “pero éste le respondió indicando la imposibilidad de solicitar al juzgado el aplazamiento de la fecha por parte del Ayuntamiento”. El propio edil realizó varias gestiones con personal del Juzgado que reside en Torrelodones, para acabar hablando con la Gestora de Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos. “Nos indican que si el Ayuntamiento lo solicita no hay ningún problema, más allá de encontrar una fecha adecuada en la agenda del Juzgado”, indican desde ACTÚA.
“A pesar de conseguirse el aplazamiento, la forma en que se ha gestionado este problema ya ha dado al
traste con lo más importante, que era mantener la tranquilidad de los hijos, que no han podido sustraerse a la irresponsabilidad de sus progenitores y del Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones. No podemos menos que lamentar la falta de sensibilidad y oportunidad de nuestros gobernantes, especialmente del concejal de Urbanismo”, afirma este grupo, añadiendo que, en todo caso, “el fin de esta historia debe ser el abandono de la casa por parte de la familia, obligación legal que no pueden eludir, en beneficio de otras familias necesitadas que esperan desde hace años la oportunidad de concurrir al alquiler de estas viviendas protegidas”.
En una línea parecida, aunque menos crítica con el Ejecutivo, se han manifestado desde el PSOE, añadiendo que la familia tiene “hasta el 29 de junio para buscar otra vivienda y ponerse en contacto con los Servicios Sociales municipales. Tiempo suficiente para encontrar una solución razonable para todas las partes”.
Largo proceso judicial
Previamente, el Ejecutivo de VxT había remitido un comunicado en el que explicaba que “estamos ante el final de un largo proceso judicial iniciado en 2009 contra un inquilino de una vivienda social cuyo contrato finalizó en 2007” y que debe a SUMTOSA “más de 15.000 euros, deuda acumulada por impago del alquiler de 330 euros mensuales por el uso de una vivienda unifamiliar con jardín”. La casa, explican fuentes municipales, “forma parte del exiguo parque de 18 viviendas sociales municipales que el Ayuntamiento pretende adjudicar, una vez quede libre, a las familias que acrediten de forma objetiva unas determinadas condiciones de renta”.
Concurso público
Con ese objetivo, añaden, se convocó un concurso el pasado mes de febrero al que se presentaron más de 80 familias de bajo nivel de renta de Torrelodones. En octubre de 2009, SUMTOSA interpuso demanda contra el inquilino por no abandonar la casa pese haber finalizado el contrato dos años antes, rechazada en primera instancia y aceptada finalmente en octubre de 2011, un mes después de que los ediles de Urbanismo y Servicios Sociales hubieran convocado a los inquilinos para “confírmales de viva voz que debían abandonar las viviendas para poder entregarlas a las familias con bajo nivel de renta del municipio”. El afectado por este desahucio -comunicado formalmente el pasado 14 de abril-, explica el Ejecutivo, “rechazó acudir, enviando a su abogado, quien nos propuso que vendiéramos la casa al inquilino, posibilidad rechazada por todos los grupos municipales dado el papel social que desempeñan las viviendas”.
Finalmente, el Equipo de Gobierno de VxT señala que el Ayuntamiento “ha puesto a disposición del inquilino en las pasadas semanas los Servicios Sociales municipales, que incluyen el pago del alquiler de una vivienda durante los meses posteriores al desahucio, servicio que por ahora ha rechazado”.